La Fiscalía de la Región de Murcia no ha recibido aún ninguna denuncia que amplíe las investigaciones sobre posibles irregularidades en los contratos gestionados por la Autoridad Portuaria de Cartagena (APC) y, de recibirse, el trámite será el de determinar si se suma a la actual causa judicial o se analiza como una pieza separada.

Así lo ha confirmado este lunes el fiscal superior de la comunidad autónoma, José Luis Díaz Manzanera, al ser preguntado por los periodistas durante la firma de un convenio para facilitar prácticas laborales a los estudiantes de Derecho de la Universidad de Murcia.

Manzanera ha reconocido que ha sabido por los medios de comunicación de la intención del Comité de Empresa del puerto de ampliar la denuncia por supuestas irregularidades en la contratación en esa institución, pero “no se ha recibido nada” de manera oficial.

La pieza principal, ha recordado, ha sido ya admitida a trámite por los juzgados y está pendiente de la práctica de diligencias, de las que se hará cargo la Fiscalía Especial Anticorrupción de Madrid por decisión de la Fiscalía General del Estado.

Al frente continuará el fiscal anticorrupción de la Región de Murcia, tal y como ha decidido ese organismo.

Preguntado por la huelga que están llevando a cabo los letrados de la administración de justicia, ha señalado que está afectando a todo el sistema, también a la Fiscalía, en tanto que el porcentaje de juicios que están teniendo que suspenderse está siendo “importante” y solo se están celebrando procedimientos “urgentes” o que son “inaplazables”.

Las consecuencias, ha dicho, será un mayor retraso en los procedimientos, que tendrán que volver a señalarse, aumentando más aún la carga de trabajo.

Sobre el anuncio de reforma de la denominada ley de “solo sí es sí”, ha preferido esperar a saber si finalmente se llevará a cabo y en qué términos para poder pronunciarse, y ha reconocido que la norma sí está teniendo un impacto en la reducción de condenas.

En cuanto al convenio con la UMU, se trata de una renovación del suscrito en 2019 para facilitar que los estudiantes de Derecho puedan hacer prácticas en la Fiscalía, conociendo de primera mano el trabajo de este campo de la administración de justicia, con el objetivo de despertar vocaciones hacia esa profesión.

En estos cuatro años, y a pesar del parón por la pandemia del coronavirus, unos 80 alumnos se han beneficiado del convenio, que ahora se renueva por otros cuatro años más.