La Comunidad Autónoma ha puesto en marcha una consulta pública pionera en el ámbito nacional. Este proceso de participación ciudadana recabará opiniones para mejorar el texto y participar en el diseño de un código de conducta en materia de subvenciones y ayudas públicas.

Con este documento, la Administración regional se convertirá en la primera comunidad en toda España que se dota de un código de buenas prácticas en esta área de gasto público.

La Consejería de Transparencia, Participación y Administración Pública da un paso más en la construcción de un Sistema de Integridad Institucional con la incorporación de este código de conducta en materia de subvenciones y ayudas públicas, ya que la convergencia que se produce de intereses públicos y privados y el volumen de recursos públicos que en ella se destina, demanda un adecuado control de su gestión y del cumplimiento de sus fines.

Con la finalidad de reforzar la gestión eficiente del gasto público y aumentar los niveles de transparencia, la Consejería, a través de la Dirección General de Regeneración y Modernización Administrativa, ha elaborado un documento base, objeto de la consulta, que contiene los principios éticos y de conducta a seguir tanto por los gestores de las convocatorias como por los destinatarios de estas, promoviendo, de esta manera, el desarrollo de una auténtica política de integridad pública a todos los niveles.

Como aspectos más destacados, el código plantea puntos como la obligación de llevar a cabo una adecuada planificación de la actividad de subvenciones, introducir los principios de sostenibilidad y responsabilidad social en los criterios de concesión de ayudas y subvenciones públicas, priorizar los criterios objetivos de valoración para el otorgamiento de subvenciones, hacer una comprobación adecuada de la justificación en todo tipo de subvenciones y, además, la de establecer el compromiso con la simplificación y la buena gestión de las ayudas y subvenciones públicas.

Como novedad, y siguiendo las recomendaciones de la OCDE, el código contempla determinadas medidas de prevención de las situaciones de conflicto de intereses, como es la obligación que impone a los responsables públicos que gestionen subvenciones de declarar que no tienen intereses personales que pudieran influir en sus decisiones, con lo que se vela por garantizar la objetividad y la imparcialidad en estos procesos.

Este proceso participativo, que estará abierto hasta el próximo 11 de noviembre, trasladará todas las aportaciones a las distintas consejerías para que participen en el diseño. Una vez ultimado el proceso de elaboración, el código deberá ser aprobado por el Consejo de Gobierno.

El consejero de Transparencia, Antonio Sánchez Lorente, remarcó que “es una gran ocasión para que los ciudadanos ejerzan su derecho a participar. Abrimos la administración, la ponemos a disposición de los ciudadanos de la Región para que, los que quieran, nos hagan llegar sus ideas y opiniones. Solo así podremos mejorar la gestión de los fondos públicos y se hará de una forma democrática, en la que todas las partes habrán participado”.

La consulta pública está disponible en el siguiente enlace: https://participa.carm.es/consultas-publicas/proceso/?item=223.