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CALASPARRA

Admiten la querella contra el delegado Gobierno por prevaricación en un festejo taurino

El juzgado declara como querellados,solo por el delito de prevaricación, además de a Vélez, a los ediles Jordi Arce y Antonio José Merino, junto con el empresario taurino "Chicote"

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EFE@cope_murciaMurcia

Tiempo de lectura: 2'Actualizado 11:26

El Juzgado de Instrucción número Tres de Caravaca de la Cruz ha admitido a trámite la querella presentada por dos concejales de la localidad murciana de Calasparra que acusaron al exalcalde y actual delegado del Gobierno en la Región, José Vélez, de los presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos por favorecer, supuestamente, a la empresa organizadora de los festejos taurinos.

A través de un auto al que ha tenido acceso Efe, el juzgado declara como querellados, solo por el delito de prevaricación, además de a Vélez, a los ediles Jordi Arce y Antonio José Merino, junto con el empresario taurino Pedro Pérez “Chicote”, y reclama al ayuntamiento los expedientes completos de pago por los encierros y festejos taurinos y los contratos suscritos con este último.

Los promotores de la querella son los concejales del ayuntamiento calasparreño Carlos Alajarín, de Cs, y Alonso Torrente, de Calasparra Viva, que consideran que los querellados, en los años 2017 a 2019, cuando formaban parte de la corporación local, llevaron a cabo actividades presuntamente irregulares relacionadas con la organización de los espectáculos taurinos de ese municipio, en especial, con la Feria de Novilladas “Espiga de Oro”.

Consideran los querellantes que el consistorio asumió el pago de facturas que no le correspondían, lo que habría supuesto un beneficio para el empresario, y que no se cumplió con lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público a la hora de asumir esas obligaciones.

El juzgado, en su auto, dice que, “de momento”, se admite la práctica de la prueba propuesta por los querellantes, consistente en reclamar al consistorio la documentación señalada, y añade que una vez analizada la misma “se acordará lo que proceda”.

Recoge también la resolución que la admisión a trámite se ha acordado después de que los denunciantes constituyeran la fianza de 600 euros que les fue exigida para poder actuar como acusación popular.


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