La defensa de expresidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez ha requerido al juzgado de Lorca que lo investiga en el caso Guardería por prevaricación y falsedad que pida a la fiscalía del TSJ que entregue todas las diligencias que practicó por si se hubiera superado el plazo legal de 6 meses que tenía para ello.

El letrado José Antonio Choclán considera que faltan partes "esenciales" para comprobar si se han cumplido las garantías procesales en el caso en el que la jueza investiga presuntas irregularidades en la construcción de los centros municipales de atención a la infancia y de la mujer en Puerto Lumbreras cuando el político del PP era regidor.

La fiscalía quiere aclarar el destino de las subvenciones públicas por más de 600.000 euros que el consistorio recibió para su construcción y duda de la legalidad de los contratos de licitación y adjudicación de las obras.

En el escrito al que ha tenido acceso Efe, Choclán expone que cuando se desarrolló la actuación del fiscal no era aplicable al caso la ampliación hasta doce meses fijada con posterioridad por la ley, para la que necesitaba entonces de un decreto motivado del fiscal general del Estado, cuya solicitud reclama.

Entre los documentos que pide figuran también el decreto de incoación de las diligencias de investigación acordadas en 2017 y el procedimiento seguido para encargar el peritaje a un arquitecto determinado, por si este pudo incurrir en causa de recusación.

Igualmente, pide que se expongan las razones por las que el fiscal no informó de la apertura de las diligencias a Sánchez y por las que no solo no lo llamó a declarar, sino que además no le permitió personarse en las actuaciones.

El expresidente regional fue absuelto por la Audiencia Provincial de Murcia hace ahora un año en el conocido por caso Pasarelas, en el que se le imputaba también cuando era alcalde prevaricación y falsedad por la adjudicación de unas obras presuntamente fraccionadas de forma ilegal y adjudicadas a un arquitecto, también imputado, antes de la convocatoria de un concurso de ideas.

La absolución fue acordada por la sala porque la investigación judicial rebasó los seis meses previstos en la ley sin que antes de cumplirse ese plazo se hubiera acordado la declaración de la causa como compleja, lo que los ampliaría a 18.

Este tribunal, en una consolidada jurisprudencia que ha sido confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, considera que los plazos de instrucción fijados por la ley son preclusivos, y no orientativos, como había sostenido la fiscalía, por lo que transcurridos los mismos no puede practicarse ninguna otra actuación investigadora.

Sánchez tiene pendiente de juicio el caso Auditorio, en el que se investiga si cuando era alcalde de Puerto Lumbreras recepcionó las obras de este edificio cuando no habían acabado.

En este caso, el fiscal presentó el pasado febrero su escrito de acusación, en el que solicita una condena de cuatro años y medio de prisión y multa de seis millones de euros por los delitos de prevaricación, fraude y fraude de subvenciones.

En esa causa también figuran como acusados la exsecretaria del ayuntamiento y el representante legal de la empresa constructora, para los que se solicitan dos años y tres meses de cárcel.