Una promotora inmobiliaria ha denunciado al Ayuntamiento de Lorca por el incumplimiento de un convenio urbanístico suscrito en 2005 para construir un residencial en la pedanía de La Campana y le solicita la devolución de los 765.000 euros que entregó a la firma del acuerdo, que no llegó a ejecutarse, más las costas judiciales y los intereses de demora, lo que eleva la cantidad a 900.000 euros.

El consistorio recurrirá judicialmente y el pleno municipal ha aprobado la personación en el municipio, ha confirmado el alcalde, Diego José Mateos, que ha dicho el ayuntamiento “va a luchar para evitar que nos condenen”, mientras que el PP ha considerado que la denuncia supone un nuevo "vaparalo económico" para el ayuntamiento.

La concejala del PP Belén Pérez ha dicho que el convenio, firmado por el Gobierno del entonces alcalde Miguel Navarro, preveía construir un residencial con 4.000 viviendas en la pedanía de La Campana sobre una superficie de 2,2 millones de metros cuadrados.

Según Pérez es uno de los 17 “convenios trampa” de que aprobó el PSOE hace quince años y que no llegaron a ejecutarse, motivo por el que fueron recurridos judicialmente casi en su totalidad.

El consistorio percibió de los promotores 12,8 millones de euros a la firma de los acuerdos, pero incumplió una cláusula que le obligaba a resolver en los tres años siguientes toda la tramitación urbanística para permitir su construcción o a devolver el dinero en caso contrario.

El alcalde ha dicho que “fue por culpa del PP por lo que no se cumplieron los convenios” al no realizar la modificación del plan urbano en el plazo previsto, ya bajo el mandato de los populares.

Durante dos años el PP mantuvo los convenios “en un cajón”, ha argumentado el alcalde, que ha atribuido a la “inoperancia” del partido que entonces estaba en el Gobierno local “las condenas” que ahora pesan sobre el consistorio.

De la suma total de las condenas por 11,4 millones relacionadas con los convenios urbanísticos de 2005 el Ayuntamiento de Lorca ha pagado de forma íntegra casi diez millones de euros y tiene pendiente el abono a plazos del resto hasta el año 2021.