El Ayuntamiento de Lorca dispone de un plazo de un mes para solicitar a la Gerencia Regional del Catastro de Murcia que inicie un procedimiento simplificado de valoración colectiva orientado a la modificación del valor catastral de los suelos urbanizables sectorizados que no tienen planes parciales aprobados y que, por tanto, deben volver a considerarse suelo rústico.

Lo ha conseguido Izquierda Unida-Verdes a través de una moción de su concejala Gloria Martín, quien obtuvo el apoyo unánime del Pleno para atajar el problema originado por la aprobación en 2003, hace casi veinte años, del Plan General Municipal de Ordenación de Lorca (PGMO). Este instrumento trajo consigo la reclasificación de parcelas situadas en suelo inadecuado para el desarrollo urbano, lo que se conoce como suelo rústico, en suelo urbanizable sectorizado. Un cambio que muchos vecinos “ni querían ni pidieron”, dijo Gloria Martín, quien recordó que “eso supuso que los afectados pasaran a pagar importantes cantidades en concepto de Impuesto de Bienes Inmuebles (contribución), cuando dos décadas después, en esas parcelas “no se ha colocado un solo ladrillo y siguen siendo plantaciones de almendros y de olivos”.

La iniciativa de la edil de IU-Verdes surge después de que una veintena de familias de La Paca y Zarcilla de Ramos le comunicaran su situación “desesperada” y que estaban dispuestas a regalar sus terrenos al Ayuntamiento de Lorca ante la imposibilidad de pagar impuestos municipales “desorbitados” por unos terrenos considerados sobre el papel como urbanos cuando, en realidad, “siguen siendo bancales”.

Preocupada porque algunos de estos vecinos se vieran obligados a dejar de pagar un IBI “abusivo”, y que eso pudiera desembocar en el embargo de sus propiedades, Gloria Martín ha recodado que el consistorio tiene “el deber” de instar a la Dirección Regional del Catastro al inicio de un procedimiento simplificado de valoración colectiva “para que los suelos urbanizables sectorizados que no tienen planes parciales aprobados sean nuevamente clasificados como suelo rústico”.

La concejala aseguró que existen sentencias judiciales que ya han condenado a algunos ayuntamientos, como el de Arganda del Rey (Madrid), “por inactividad del consistorio al no informar al Catastro de que los terrenos no son en realidad urbanos”. Todo ello en virtud de la Sentencia del Tribunal Supremo nº 2159/2014, de 30 de mayo de 2014, no acatada por el Ayuntamiento de Lorca, que ratifica que los suelos urbanizables sin plan parcial aprobado siguen siendo rústicos, es decir, no pueden tener la consideración catastral urbana.

Para evitar los ciudadanos y ciudadanas de Lorca afectados tengan que transitar, individualmente, por “largos y costosos procedimientos administrativos”, Gloria Martín ha exigido que sea el Ayuntamiento quien promueva el procedimiento ante el Catastro para que se deje de “asfixiar” económicamente a estos vecinos, “que no son los responsables de las ansias desarrollistas y especuladoras que inspiraron el Plan General de 2003” y que, sin embargo, llevan veinte años sufriendo sus consecuencias.