El Ayuntamiento de Lorca ha tenido que realizar, una vez más, una nueva actuación subsidiaria en un inmueble privado situado en la calle Julián Mateos Marín, junto al colegio Ana Caicedo. Las labores, que han tenido un gasto de 27.000 euros, han consistido en la retirada de los elementos que se encontraban en mal estado y eran susceptibles de caer en vía pública, el repaso del aplacado y del revestimiento de fachada, el tapiado del inmueble de forma que se impida el acceso al interior, la retirada de la maleza que invadía la calle y, por último, la limpieza interior del inmueble. 

Saturnina Martínez, edil de Urbanismo ha recordado que “el Consistorio Municipal dictó el pasado año un total de 101 órdenes de ejecución a los propietarios de los correspondientes inmuebles que presentaban deficiencias en su estructura o mantenimiento y que tenían que ser ejecutadas para garantizar la seguridad de la vía pública en la que se encuentran. Esta cifra obliga a los dueños a la realización de múltiples tareas de conservación, limpieza y mejoras que supone un importe económico total cifrado en 550.569,15 euros. En término globales, hemos de indicar que en 2018 se materializaron un total de 139 órdenes de este tipo, sumando las efectuadas de forma subsidiaria por el Ayuntamiento y las que se exigió hacer a los propietarios, conformando un gasto general de 668.695,32 euros”.

Martínez se ha vuelto a mostrar preocupada por esta situación, indicando que “no puede ser que los lorquinos tengamos que asumir el gasto de arreglar y limpiar las propiedades particulares de ciudadanos o entidades que por cualquier circunstancia deciden dejar en situación de abandono solares o construcciones. Cada uno es responsable de lo que hace con su casa”.

La Edil de Urbanismo ha añadido que “tanto el casco histórico como otros enclaves vienen pagando la irresponsabilidad de los propietarios de los inmuebles, que dejan las casas abandonadas, y es un contrasentido que tengamos ser el resto de ciudadanos los que paguemos el mantenimiento de estos inmuebles. La desidia es culpa de los propietarios, y tenemos que tomar conciencia de qué responsabilidades tiene cada ciudadano. En cualquier caso debemos dejar claro que actuamos para evitar mayores incidencias, pero la factura de los trabajos la tendrán que pagar los dueños de los inmuebles”.