La Audiencia Provincial de Murcia ha revocado la declaración de complejidad de la causa abierta en un juzgado de instrucción de Lorca contra una empresa inmobiliaria a la que se investiga por la presunta destrucción de flora protegida con la roturación de terrenos incluidos en el parque regional de Cabo Cope y Puntas de Calnegre.

A través de un auto al que ha tenido acceso Efe, el tribunal estima esa parte del recurso presentado por la empresa “A., S.A.”, mientras que, por el contrario, desestima otra parte del mismo en el que la apelante solicitaba que se le concretaran qué terrenos quedaban afectados por la paralización de los trabajos.

Sobre esa segunda petición, dice el tribunal que, en contra de lo sostenido por la inmobiliaria, está claro que la zona afectada por la paralización es la correspondiente a dos parcelas del polígono 99, en El Paraje de El Garrobillo (Lorca), para añadir que en las resoluciones administrativas y judiciales se explica en qué han consistido los hechos en los daños producidos, presuntamente, en el medio ambiente.

Comenta así mismo la Audiencia que ya desde el inicio de las actuaciones judiciales, la fiscalía se refirió a esas parcelas en concreto cuando planteó su querella, “sin perjuicio de que -dice la sala- en el futuro se puedan concretar aún más según avancen las investigaciones”.

Mejor suerte ha corrido para la empresa apelante la parte del recurso en la que solicitó que se anulara la declaración de complejidad de la causa, ya que la misma ha sido estimada por el tribunal.

Dice la Sala que esa declaración “es prematura”, ya que aunque el juzgado justificó su decisión en las numerosas pruebas que deberán practicarse, “la realidad es que las mismas no han sido acordadas ni en el auto apelado ni después, y ni siquiera se ha tomado declaración a nadie como investigado”.

Para la Audiencia Provincial, “la declaración de complejidad en momento tan prematuro perjudica el derecho de defensa de las partes”, por lo que revoca esa parte del auto dictado por el juzgado de Lorca en agosto pasado y contra el que recurrió la inmobiliaria.

En la denuncia pública hecha por Ecologistas en Acción en 2017 se indicó que los trabajos de roturación luego paralizados habían afectado a cuatro especies de flora catalogadas como vulnerables y de interés especial.