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Uno de los principales acusados del juicio sobre narcotráfico en Cartagena reconoce los hechos

Entre los acusados hay un funcionario judicial y un guardia civil

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EFECartagena

Tiempo de lectura: 2'Actualizado 19:59

Javier Mauricio Roa Moica, uno de los principales acusados de un juicio por narcotráfico y cohecho que se se ha iniciado este lunes en la Audiencia Provincial de Cartagena y en el que hay implicados un guardia civil y un funcionario de un Juzgado de Instrucción de la ciudad, ha reconocido como ciertos los hechos del escrito de acusación de la Fiscalía.

Roa Moica, que actualmente se encuentra en prisión por otros delitos, ha reconocido la implicación del Guardia Civil Uriel Antonio Alcaraz García en la operación, como la persona que permitía a la organización el acceso al puerto de Escombreras, por donde introducir a España barcos con cocaína procedente de Colombia.

Asimismo, ha relacionado con los hechos a José Antonio Montes Serrano, otro de los líderes de la operación y la persona que conocía al agente desde niños, circunstancia esta última reconocida por ambos en el juicio.

Según la Fiscalía, los 18 acusados conformaban una organización que pretendía crear un canal para el transporte de cocaína desde Colombia al puerto de Escombreras, que finalmente nunca se produjo, pero para la que llegaron pruebas con buzos para cerciorarse de su factibilidad.

Roa Moica ha declarado que un amigo le puso en contacto con Montes Serrano, quien le explicó que “tenían el control de un guardia civil que daba luz verde para permitir que” pudiesen entrar en el puerto “sin ser identificados”.

Este acusado era el encargado de recabar la droga en Colombia, enviar a emisarios a ese país para preparar la operación y conseguir un barco con el que realizar el transporte. Hubo un momento en el que todo estaba preparado, pero con el fallo del barco que pensaban utilizar, la operación se pospuso.

Además del reconocimiento de Roa Moica de estos hechos, el escrito de la Fiscalía muestra unos chats intervenidos que utilizaban los acusados para comunicarse con identidades falsas en los que se muestra cómo preparaban la operación.

Roa Moica, que ha afirmado que era la persona que “tutelaba” la operación, ha señalado que canceló la misma tras detectar “muchas mentiras por parte y parte” y confirmar que “operatividad de Perú era imposible”, en referencia al barco para el transporte.

Por otro lado, el agente de la Guardia Civil Uriel Alcaraz, que solo ha respondido a las preguntas de la defensa, ha negado cualquier implicación con los hechos de los que se le acusa, el escrito de la Fiscalía indica que pudo recibir 35.000 euros por su participación.

Sobre las fotos en las que se le ve entrando a un barco con bandera de Malta y en las que, según la acusación parece con Lina López, otra acusada, Alcaraz ha reconocido su presencia, pero la ha justificado relatando que tenía una relación con una cubana que era parte de la tripulación del barco.

En la maleta que portaba la mujer de la foto no había droga ni ninguna implicación con el caso, según el relato del agente, sino unas pertenencias que la hermana del acusado había preparado para la mujer cubana.

Por su parte, Montes Serrano, además de negar las acusaciones que pesan sobre él, ha justificado las distintas reuniones con el guardia civil de las que tiene prueba la Fiscalía alegando que son amigos de la infancia y que quedaban para discutir los problemas que tenían con sus respectivas mujeres.

Como resultado de la investigación, que se inició en 2012, la Fiscalía pide 13 años de cárcel para Montes Serrano por un delito contra la salud pública y 14 años de cárcel a Alcaraz por tráfico de drogas y cohecho.

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