La Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) acoge la VII edición del Congreso Internacional de Transparencia y Gobierno Abierto, que ha organizado junto con el Grupo de Investigación Regulación Jurídica y Participación del Ciudadano Digital de la Universidad Complutense de Madrid y la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDI).

Se trata de un evento anual de referencia en materia de transparencia en España, que se celebra en torno al Día Internacional del Derecho a Saber, el 28 de septiembre, según han informado fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

El Congreso Internacional de Transparencia y Gobierno Abierto aglutina a destacados académicos e investigadores de 20 nacionalidades diferentes sobre asuntos como la participación, la transparencia, el buen gobierno, el derecho de acceso a la información o los datos abiertos.

"Muestra del gran compromiso que emprendió el Gobierno regional en esta legislatura con la transparencia es que, en estos días, la Región se ha convertido en el centro de referencia de las políticas en materia de gobierno abierto a nivel nacional", ha subrayado la consejera Isabel Franco.

Hasta el momento se ha celebrado en Madrid (2016 y 2017), Cádiz (2018), Málaga (2019), UNED (2020) y Alicante (2021). El número de participantes ha crecido de los 200 de la primera edición a los 650 de la última, hasta llegar a los más de 700 inscritos en esta edición, entre la modalidad presencial y la 'online'.

Este jueves, en la segunda jornada del congreso, se llevarán a cabo varios encuentros como el de Cátedras e Institutos de Investigación relacionados con la materia; responsables de transparencia y participación de las administraciones públicas; y una sesión abierta de consejos y comisionados de la Transparencia, entre otros.

En la última jornada, que tendrá lugar el viernes, se celebrará una sesión abierta de la Red de entidades locales por la Transparencia y la Participación de la FEMP; un seminario sobre el IV Plan de Gobierno Abierto de España; una mesa redonda sobre la regulación de protección de denunciantes de corrupción ('whistleblowers') y se hará una declaración institucional de la Red estatal de agencias y oficinas antifraude.