La Plataforma SOS Mar Menor ha lamentado que el Decreto Ley de Protección Integral del Mar Menor supone "un paso atrás" en "muchos aspectos" y, por ejemplo, lamenta que el 75% de sus contenidos ya están regulados en otras leyes o planes, de forma que el nuevo texto "no servirá para proteger la laguna salada".

Se trata de una de las principales conclusiones del informe elaborado por Ecologistas en Acción y suscrito por las organizaciones integrantes de la plataforma 

Según SOS Mar Menor, "ha primando más su aprobación en 2019 que el elaborar una ley eficaz de protección del Mar Menor". Por ello, critica que "se ha optado por una elaboración y tramitación apresuradas y opacas, sin participación pública real, sin contar con las aportaciones de los científicos, ni de la sociedad civil, ni con informes preceptivos", según ha manifestado Julia Martínez, coordinadora del área de Aguas de Ecologistas en Acción.

A este respecto, lamenta que las medidas se centran en "rebajar las propuestas más ambiciosas de la Ley de Medidas Urgentes en cuanto a regulación de las actividades agrarias en la cuenca del Mar Menor, cuando está claro que el sector agrícola es la principal fuente de nutrientes y por tanto el principal responsable del actual estado de degradación del ecosistema". 

Además, critica que esta Ley "tampoco cambia nada sustancial en cuanto a la regulación territorial y urbanística, en todo caso se reduce la eficacia y duración de la moratoria, así como las restricciones a medio y largo plazo".

Martínez ha explicado que trasladarán sus propuestas a los grupos de la Asamblea para que las tengan en cuenta a la hora de presentar enmiendas durante el trámite parlamentario del proyecto de ley del Mar Menor.

PROPUESTAS AMBIENTALES

Entre otras medidas, la primera propuesta de SOS Mar Menor consiste en anular la derogación de la Ley de Medidas Urgentes del Mar Menor y cree que la Ley Integral "debería remitirse, en lo relativo a las actividades agrarias, a dicha Ley de Medidas Urgentes".

Asimismo, cree que debe incorporarse al registro de explotaciones agrarias una auditoría ambiental de todas las superficies regadas actualmente e información de las regadas en los últimos 25 años (1995-2020), donde se detalle todas las características ambientales de interés.

Asimismo, pide la restauración del estado original (secano o vegetación natural) de las superficies eliminadas de regadío, así como la creación de una banda perimetral de protección del Mar Menor, "con una anchura media de al menos dos kilómetros y medio, con eliminación de todas las superficies de regadío, de las instalaciones intensivas ganaderas y de las instalaciones de almacenamiento y manipulación de deyecciones ganaderas".

Así, añade, las superficies actualmente ocupadas por regadío y otras actividades agrarias intensivas "han de destinarse a la recuperación de superficies de humedal natural, la creación de bandas y manchas de vegetación natural y otras infraestructuras verdes, el establecimiento de corredores ecológicos y la recuperación de los paisajes tradicionales de secano".

PROPUESTAS URBANÍSTICAS

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En materia urbanística, la Plataforma cree que el Plan de Ordenación Territorial de la Cuenca Vertiente del Mar Menor "debe incluir como ámbito la propia cuenca vertiente, lo que supone algo más de 120.000 hectáreas, sin limitarse a la denominada en este Plan como zona 1, que representa en torno al 10% de la superficie total de la cuenca (unas 13.000 hectáreas, con una media de 3 km respecto a la ribera, excluyendo La Manga).

Desde Ecologistas en Acción asegurán que la moratoria urbanística solo afectará al diez por ciento del territorio y piden que se contemple una restricción urbanística definitiva y no para unos años.

Asimismo, sostiene que el Plan de Ordenación Territorial de la Cuenca Vertiente del Mar Menor "debe excluir nuevos desarrollos urbanísticos en el conjunto de la cuenca (nuevas urbanizaciones), así como proceder a la des-calificación de los suelos urbanos y urbanizables ya existentes pero no construidos (lo que se denomina reciclaje de suelo)".