La alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón, ha apostado este viernes por la negociación para evitar judicializar la situación de los convenios urbanísticos que se alcanzaron en anteriores legislaturas y que han quedado en suspenso por la anulación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

Castejón ha señalado en el inicio del pleno municipal que la anulación de la revisión del PGOU ha hecho que el consistorio no pueda atender las compensaciones pendientes acordadas con los propietarios del suelo ocupado en su día y que una parte de los afectados exija ahora el pago en metálico.

Ante esta situación, el ayuntamiento de Cartagena ha decidido, "siempre que sea posible", negociar calendarios de pago con los afectados para cumplir con las obligaciones contraídas con ellos y, sobre todo, para evitar pleitos que "nos condenen a sufragar no sólo el importe tasado en su día, sino también intereses y costas", según la regidora.

Asimismo, Castejón ha anunciado que los servicios de la concejalía de Urbanismo ya están redactando un informe sobre todos los convenios que no han podido cumplirse por la anulación del PGOU, y que dicho informe se pondrá al servicio de los grupos municipales y del pleno.

Dicho estudio recogerá los pagos abonados hasta la fecha, los que están aprobados en calendarios de pago y una previsión de los que puedan surgir en el futuro.

Los acuerdos urbanísticos del Ayuntamiento de Cartagena con particulares se utilizaron en anteriores legislaturas para gestionar el suelo que se precisaba para obras como la Ronda Transversal, la Ronda Norte, la Vía Verde de Barrio de Peral; infraestructuras como los colectores construidos contra la inundaciones del Ensanche y del Barrio de la Concepción; y el Anfiteatro Romano, entre otros.

Esta práctica urbanística fue utilizada frecuentemente en la primera década del siglo XXI por muchos ayuntamientos para obtener los suelos necesarios para infraestructuras de interés general evitando los procedimientos expropiatorios y agilizando los plazos para la ejecución de las obras.

La mayor parte de esos acuerdos se realizaron con el compromiso de abonar el importe del terreno ocupado con aprovechamientos urbanísticos en desarrollos futuros, incluidos en la revisión del PGOU aprobado definitivamente en 2012. Los acuerdos se alcanzaron previa tasación y siguiendo los procedimientos previstos en la Ley.

Sin embargo, la anulación de la revisión del planeamiento urbanístico ha hecho que el ayuntamiento no pueda atender las compensaciones pendientes acordadas con los propietarios del suelo ocupado en su día y que una parte de los propietarios afectados exijan ahora el pago en metálico