El Pleno de la Asamblea Regional ha aprobado por unanimidad una moción del PSOE en la que se solicita la declaración de Bien de Interés Cultural del Molinete en Cartagena y la elaboración de un Plan Especial y un Plan Director Integral para la zona. Los socialistas han exigido paralizar cualquier actuación en la zona, "incluida la venta de las parcelas. Hasta que no se haga una excavación integral del cerro y se conozca exactamente qué es lo que hay".

La diputada socialista Carmina Fernández ha recordado durante su intervención que en todos los estudios que se han realizado "se han evidenciado hallazgos de gran interés para conservar y es por ello por lo que consideramos imprescindible, para dotarle del reconocimiento propio, la declaración de BIC de todo el cerro a pesar de que se encuentre en el Conjunto Histórico".

La parlamentaria también ha puesto de manifiesto que la Coordinadora para la Defensa del Cerro del Molinete lleva 25 años reivindicando la excavación arqueológica integral del cerro y su puesta en valor como un gran parque arqueológico. En ese sentido, ha denunciado que el Ministerio de Cultura solicitó al Ayuntamiento de Cartagena un Plan Director específico del Cerro que "debía suponer una hoja de ruta para la recuperación e investigación del lugar, con el objetivo de completar el conocimiento integral del bien".

Sin embargo, según ha dicho, ha pasado más de un año desde entonces y "el ayuntamiento cartagenero no ha iniciado la elaboración de ninguno de estos dos documentos y sí ha intentado desarrollar un proyecto con máquinas excavadoras para determinar dónde poner los pilares de los futuros edificios".

La diputada del PSOE considera "imprescindible conocer al detalle todo el conjunto de restos arqueológicos que aún se conservan en la zona" con el objetivo de tener una visión global y protegerlos ante los de cualquier actuación con el fin de que se observe y se ponga en valor como parque arqueológico una gran reserva arqueológica que ha permanecido durante tres mil años.

Desde el PP han señalado que el Molinete ya dispone de un grado de protección máximo como parte del plan especial de Cartagena. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Joaquín Segado, ha señalado que "tiene la categoría de conjunto histórico y se recoge la elaboración de un plan director que se va a hacer este año con los presupuestos que tiene la Dirección General de Bienes Culturales a pesar de que el PSOE votó en contra", ha señalado.

Por otro lado, el Pleno también ha aprobado una moción del Grupo Parlamentario Ciudadanos en la que se reclama la repatriación de las fragatas Juno y La Galga, hundidas en los siglos XVIII y XIX frente a las costas de Virginia, en Estados Unidos. Los restos de ambas fragatas se exhiben allí.

Según ha explicado el portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Francisco Álvarez, una empresa cazatesoros fue condenada a entregar a España todo lo de la fragata Juno, mientras que la fragata La Galga sucumbió a pesar de sus 50 cañones cuando escoltaba un convoy de buques comerciales camino de Cádiz en 1802. Álvarez ha planteado que ambas se restauren y se exhiban en el Museo Nacional de Arqueología Subacuática de Cartagena, al igual que se hizo con el tesoro de La Mercedes.

"Se impone la repatriación a España de los restos y el contenido de las fragatas La Galga y la Juno haciendo cumplir la sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos de 2001 donde se reconoce el derecho de propiedad al Estado español", ha dicho.

El Grupo Parlamentario Socialista ha votado en contra de la iniciativa al considerar que es mejor mantener la cordialidad. Además de eso, la socialista Magdalena Sánchez ha echado en cara a Álvarez que solo pidan soluciones al Gobierno de Pedro Sánchez cuando "tienen a la Región a la cola de la mayoría de los índices de progreso y calidad de vida".

Por último, ha salido también adelante una moción del PP para solicitar al Gobierno nacional que proteja a las familias numerosas. El diputado del PP Víctor Martínez-Carrasco se ha referido a la ley nacional de Familias, una ley que se tramita, ha dicho, "sin la necesaria y preceptiva participación de quienes han de aplicarla, que invade competencias de nuestra Comunidad Autónoma, que minusvalora la condición social de las familias numerosas y que no contempla ningún tipo de financiación para ejecutar sus medidas".

Según ha dicho, la ley "sustituye la referencia de familias numerosas por 'familias con mayores necesidades de apoyo a la crianza. Una decisión que han tomado de espaldas a la sociedad, sin contar con nadie, ni tan siquiera con las comunidades autónomas, que son quienes luego tendrán que aplicar sus leyes".

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