La consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, ha contestado este viernes a Vox que "el tratamiento penitenciario de las personas privadas de libertad que han cometido delitos de terrorismo como miembros de ETA ha de ser idéntico al que se realice con otras personas que estén internadas por otros delitos", porque lo contrario sería una ilegalidad e incurrir en un "delito de prevaricación". "El Gobierno Vasco va a ejercer la competencia --de prisiones-- en cumplimiento estricto de la ley, como no podía ser de otra forma", ha reiterado.

En el pleno de control que está celebrando el Parlamento Vasco, la parlamentaria de Vox, Amaia Martínez, ha preguntado a Artolazabal sobre si con la transferencia de prisiones a Euskadi se va a garantizar "el mismo trato y las mismas condiciones a los reclusos de la banda terrorista ETA que al resto de personas presas".

Artolazabal ha contestado a Vox que el Gobierno Vasco va a "garantizar las mismas condiciones y el mismo trato a todos los reclusos que se encuentren en las prisiones vascas" porque "de lo contrario estarían cometiendo un delito de prevaricación". "Vamos a cumplir estrictamente la ley", ha insistido.

Asimismo, ha recordado a Martínez que Igualdad, Justicia y Políticas Sociales será el Departamento que asuma las competencias establecidas en el Estatuto de Gernika en materia de Instituciones Penitenciarias.

"No voy a entrar a su juego ni al trapo. Yo no soy tan ingenua como para pensar que la fórmula y la pregunta que nos ha formulado su partido pretende aclarar cuestiones técnicas. Sabemos que Vox solo quiere confundir, tergiversar la realidad y retorcerla. No nos sorprende su demagogia", ha señalado.

Asimismo, ha denunciado que las declaraciones de Vox sobre esta transferencia "van a ser siempre irresponsables, graves y desmedidas" y ha advertido de que no va a "perder el tiempo pidiendo a la ultraderecha que les dejen trabajar en paz".

"Nos corresponderá al Departamento de Justicia la organización, el régimen y el funcionamiento de las instituciones y establecimientos penitenciarios de reinserción social. También seremos responsables de la ejecución de la legislación penitenciaria", ha señalado.

En este sentido, ha recordado que esta legislación está formada por el Código Penal, la Ley Orgánica General Penitenciaria y la Ley Orgánica del Poder Judicial y son de aplicación "a todas las personas presas, también las condenadas por delitos de terrorismo".

Según ha señalado, el Código Penal dice que no se puede ejecutar una pena o una medida de seguridad en otra forma que la prescrita en la ley, y esta misma ley afirma que dicha ejecución se ha de realizar bajo el control de los jueces y tribunales competentes, como son el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria y las diferentes Salas Penales de la Audiencia Nacional.

"La Ley Orgánica General Penitenciaria señala que la actuación de la Administración Penitenciaria se debe desarrollar con las garantías y dentro de los límites fijados por la ley, los reglamentos y las sentencias judiciales. Y esta ley orgánica añade que esta actuación deberá ejercerse sin establecerse ninguna diferencia", ha insistido.

Artolazabal ha subrayado que "toda esta actuación, cuando sea asumida por el Gobierno Vasco, también estará y está sometida al control de los juzgados y de los tribunales".

Además, ha indicado que el Reglamento Penitenciario establece que la actividad penitenciaria tiene como "fin primordial la reeducación y reinserción social de los sentenciados a penas y medidas de seguridad privativas de libertad".

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Cumplir la ley

Por ello, ha insistido que "en cumplimiento estricto de toda la normativa", el tratamiento penitenciario de las personas privadas de libertad que han cometido delitos de terrorismo como miembros de ETA, "ha de ser idéntico que el que se realice con otras personas que estén internadas por otros delitos". "El Gobierno Vasco va a ejercer esta competencia en cumplimiento estricto de la ley, como no podía ser de otra forma", ha reiterado.

Por último, ha subrayado que "todas las personas presas tienen derechos que están reconocidos en la Constitución Española" y ha defendido que "respetar los derechos que corresponden a las personas presas no puede entenderse como un agravio a las víctimas".

"Tanto yo como este Gobierno, hemos demostrado y seguimos trabajando por el compromiso que hemos adquirido de acompañar a las víctimas y de promover su reconocimiento legal, institucional y social; somos firmes defensores, y defendemos la promoción de los derechos humanos en la denuncia de sus conculcaciones y vulneraciones, y en la defensa del principio de todos los derechos para todas las personas", ha concluido.

La parlamentaria de Vox, por su parte, ha destacado que el 25% de los presos de ETA cumplen condena en cárceles del País Vasco y ha pedido al Gobierno Vasco que sea "especialmente riguroso en el cumplimiento de las penas impuestas a los presos de ETA" porque "aún hay 379 crímenes de la banda terrorista sin resolver, pendientes de resolución, además de una decena de desapariciones".

Asimismo, ha informado de que Vox ha denunciado ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco un permiso penitenciario que permitió al preso de ETA Aitor Aguirrebarrena viajar el pasado 19 de abril a Lizarza (Gipuzkoa).