¿Sufres violencia? ¡No estás sola! Así comienza la nueva guía de “lectura fácil y lenguaje claro” editada por el Gobierno vasco para que resulte más sencillo comprender todos los datos sobre los servicios, recursos y ayudas con los que cuentan las mujeres víctimas de violencia. Se distribuirán un total de 100.000 ejemplares en comisarías, centros de salud, hospitales, juzgados y otros ámbitos a los que estas mujeres pueden acudir. Estarán disponibles en seis idiomas: euskera, castellano, francés, árabe, portugués y rumano, ya que son las lenguas de la mayoría de víctimas atendidas en Euskadi. También en sistema braille, para personas ciegas. La consejera de Empleo y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, ha explicado que esta guía “mejora y actualiza” la de 2015 y ofrece toda la información de la forma más concreta y sencilla posible.

Adquirir conciencia de la violencia

"¿Qué hacer ante la violencia contra las mujeres?", así se titula esta guía que busca atender a aquellas mujeres que “a menudo se sienten desamparadas, sin saber a dónde acudir”. Entre sus páginas también hay pautas para que se sepa identificar cuándo una mujer está sufriendo violencia machista y actúe, porque hay “muchas mujeres que no son conscientes de lo que les está ocurriendo”. Artolazabal advierte de que hay otras violencias que “no son tan evidentes”, por ejemplo, que te controlen los whatsapp, los correos electrónicos, si te aíslen de tus amistades.

Todo tipo de violencia

La guía resume los servicios y recursos que las administraciones vascas ofrecen a las mujeres que sufren o han sufrido malos tratos por parte de sus parejas o exparejas, y está dirigida a todas las mujeres que sufren violencia, lo que incluye la ejercida por algún hombre de su entorno familiar distinto a la pareja (padre, hermano o hijo), el abuso, agresión y acoso sexual, la trata, la prostitución forzada y el acoso en el ámbito laboral, entre otros supuestos. Estas guías también pueden ser utilizadas por profesionales que atienden a estas mujeres, como policías, profesionales sanitarios, de la abogacía o de los servicios sociales de base, entre otros, así como por familiares y allegados de las víctimas, "para poder aconsejarlas basándose en una información concreta y real sobre los recursos existentes".