Un informe sobre la injusticia padecida por integrantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado así como sus familiares, a consecuencia del terrorismo de ETA (1960-2011), denuncia el "injusto" sufrimiento y "desamparo institucional y social" padecido por los cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado por parte de ETA, con un total de 357 guardias civiles y policías nacionales asesinados en ese periodo y recomienda al Gobierno vasco poner en valor su trabajo en la lucha contra ETA.

En la presentación del informe, realizado por el Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe de la Universidad de Deusto, la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, Beatriz Artolazabal, ha denunciado que la "injusticia" que padecieron fue "intolerable" y, precisamente, ha puesto en valor "su labor, su sacrificio y su papel" en la derrota de ETA.

El trabajo ha sido realizado por los profesores Jose Ramón Intxaurbe, Gorka Urrutia y Trinidad L. Vicente tras la petición realizada a comienzos de 2020 por el Gobierno Vasco y, para realizar el informe, se ha entrevistado a 14 personas pertenecientes a la Guardia Civil y al Cuerpo Nacional de Policía en diferentes etapas, así como a otros familiares de agentes.

Entre los datos cuantitativos obtenidos, el documento refleja que ETA asesinó en ese periodo a 357 personas: 207 (58%) guardias civiles o exguardias civiles, y 150 (42%) del Cuerpo Nacional de Policía, además de 17 familiares. Además, los atentados cometidos por ETA dejaron 711 personas heridas, el 43% de ellas, con lesiones que provocaron una incapacidad permanente total.

"Aislamiento social" a policías

Según han explicado los autores del estudio, una de la primeras conclusiones es que la amenaza que ETA lanzó contra este colectivo alcanzó a todas las vertientes del desempeño profesional y a todos los ámbitos de vida privada y familiar, "contribuyendo, mediante la intimidación colectiva, a que quienes integraban el cuerpo, así como por extensión a sus familias, quedasen expuestos a una situación de aislamiento social". A su juicio, esa situación "resulta intolerable desde una sensibilidad democrática y de respeto por la diversidad social".

En este sentido, se advierte de que esa situación "no tiene cabida en una sociedad democrática", ya que que supuso "la vulneración sistemática" de derechos fundamentales.

Además de los datos cuantitativos, se hace un análisis cualitativo en base a los testimonios recogidos que evidencian, ese "aislamiento social".

"'Tener contactos y, mucho menos amistad, con gente de la tierra era poco menos que imposible''; 'Yo vivía en un piso con dos compañeros. Nadie nos conocía en el bloque, teníamos que andar como furtivos'; 'Yo lo viví como algo terrorífico, nadie podía saber lo que era mi padre porque si no lo podían matar", según los testimonios recogidos.

Junto a ello, se une el miedo y las secuelas físicas y psicológicas que dejaron los atentados y se recoge el relato de un joven que, con 27 años, se quedó en silla de ruedas o el de algunos familiares que hablan de cambio de personalidad e, incluso, de brotes de violencia en sus progenitores tras sobrevivir a los atentados.

Nula "empatía"

El estudio constata que personas entrevistadas echaron en falta una "mayor empatía" del conjunto de la sociedad hacia su condición y sufrimiento, y expresaron "un claro reproche a quienes ignoraban su padecimiento bajo la premisa del algo habrán hecho". Los autores del informe han asegurado que sufrieron un "desamparo institucional y también social".

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Por ello, según han explicado, una de las primeras recomendaciones que se reflejan en el informe es que hay que hacer "un ejercicio de conocimiento y de reconocimiento" de lo que ha supuesto para las víctimas lo que han padecido.

A su juicio se debe reconocer que ese sufrimiento fue "injusto, patológico" y creen que los poderes públicos y, en concreto, el Gobierno vasco, en los discursos de deslegitimación de la violencia deben poner en valor su labor en la lucha contra ETA y el sufrimiento que padecieron, todo ello sin hacerlo "en clave de ideologías".

"Debe ser público y, en la medida que viene avalado por las instituciones, deber ser un reconocimiento oficial. Se trata de una memoria reparadora no solo para las víctimas inocentes cuyo sufrimiento injusto se va a poner de manifiesto, sino también para el tejido social que ha vivido en su seno una enfermedad intolerable", se indica.

Además, se incide en que la sociedad, en general, debe reflexionar sobre la "construcción de una memoria reparadora y empática hacia el sufrimiento padecido por las víctimas inocentes", así como a tener en cuenta el "valor de la diversidad que fue menoscabada por la banda terrorista ETA y su entorno social".

Por otra parte, los autores han constatado en las entrevistas la disposición a participar en el ámbito educativo o en foros sociales para dar su "testimonio moral" sobre lo ocurrido.

Junto a ello, el informe también cree que se debe "incentivar" la colocación de placas fijas en la vía pública, en los lugares donde se cometieron atentados, y continuar "con la labor de reparación de una cultura de convivencia cívica", además de evitar homenajes a los miembros de ETA porque "revictimizan".

Por su parte, la consejera vasca ha afirmado que el Gobierno vasco hace suyas "de forma alta y clara" conclusiones del estudio y, por tanto, consideran que la injusticia padecida por los cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado y sus familias "fue intolerable desde la sensibilidad democrática y de respeto a la diversidad social".

Por ello, ha invitado a toda la sociedad vasca a reflexionar en torno a la construcción de una "memoria reparadora y empática hacia el sufrimiento padecido por éstas y todas las víctimas inocentes". En este sentido, cree que las instituciones y la sociedad ya están dando pasos en este línea y se estudiarán las recomendaciones por si "fuera menester realizar algún tipo de iniciativa adicional".

La consejera vasca ha destacado que el propio informe es "un ejemplo más del reconocimiento al trabajo que los agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado realizaron" y ha señalado que fueron encargados de "velar por el régimen institucional y los derechos fundamentales". Artolazabal cree preciso "poner en valor su trabajo, su sacrificio y su papel que desempeñaron" en la derrota de ETA.

Artolazabal ha afirmado que "verdad, memoria y reconocimiento" son los tres principios básicos que inspiran la política del Gobierno. A su juicio, el reconocimiento significa "empatía, cariño y cercanía", además de incorporar "experiencias, sentimientos, emociones y sufrimientos".

Por ello, según ha explicado, han impulsado la elaboración de estos estudios, al que seguirá uno sobre los funcionarios de prisiones, para poner en valor "la memoria de colectivos que fueron diana y víctimas de la violencia terrorista", una memoria "demasiadas veces relegada, silenciada y olvidada".

En el caso de los integrantes de las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado, se ha preguntado "¿Cómo vivieron los integrantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado el azote del terrorismo de ETA?"

"Y no, la respuesta no puede venir desde la ideología o desde la posición política. No se trata de si son o no son de los 'nuestros'.

La respuesta solo puede y debe venir desde los derechos humanos, desde un enfoque de derechos humanos frente a todas y cada una de las vulneraciones. La respuesta solo puede venir proclamando a los cuatro vientos: fue injusto, sin equiparaciones, ni compensaciones", ha añadido Artolazal, que ha destacado la relación de confianza y "lealtad" que mantienen con las asociaciones de víctimas para seguir trabajando en este ámbito.