La Fiscalía Superior del País Vasco ha expresado su rechazo a que se autoricen judicialmente los cierres perimetrales de Euskadi y de los municipios, así como el toque de queda nocturno tras finalizar el estado de alarma el próximo 9 de mayo porque considera que este tipo de restricciones deben considerarse reservadas a este estado "excepcional" (de alarma) y añade que "si hay reserva de ley de estas limitaciones a los estados excepcionales, otra ley no puede saltarse esta reserva".

La Fiscalía vasca detalla que "en aplicación de una ley de sanidad de carácter general no pueden adoptarse medidas que limitan derechos fundamentales y que van dirigidas a un conjunto indeterminado de personas; son medidas propias, con legislación existente, de los estados excepcionales. Por ello el toque de queda y los cierres perimetrales de Euskadi y municipales "no están justificadas" conforme a las leyes sanitarias fuera del marco de excepción.

El Gobierno Vasco argumentó que se trata de medidas "condicionadas" a la apreciación de una determinada tasa de incidencia acumulada, pero la Fiscalía ha considerado que esta condición "incide en el juicio de proporcionalidad, pero no en el de legalidad, no superado".

La Fiscalía también se opone a un pronunciamiento por el que se autorice judicialmente la medida de restricción de la agrupación de personas a un máximo de cuatro, sin contar convivientes, por no existir limitación de derecho fundamental de reunión que haga necesaria la autorización. Apunta que, si el borrador del decreto restringe simplemente la agrupación de personas a un máximo de cuartro, sin que se mencione siquiera el concepto de "reunión", no se conculca este derecho en su acepción constitucional.

Según fuentes del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, la Sala de lo Contencioso-Administrativo se reunirá este jueves para deliberar sobre el informe de la Fiscalía, y previsiblemente hará pública su decisión el próximo viernes.