El PP enmienda la norma vizcaína de incompatibilidades para evitar que ex altos cargos copen las licitaciones

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La diputación foral de Vizcaya aprobó en junio el proyecto de Norma Foral de Conflicto de Intereses e Incompatibilidades, que regula el estatuto de los cargos públicos, recoge los principios éticos y de buen gobierno y establece una regulación normativa de prevención e identificación de los conflictos de interés.

Hoy el el PP de Vizcaya ha presentado un total de 19 enmiendas al proyecto entre las que destaca que empresas en las que figuren ex altos cargos de la Diputación Foral vizcaína no puedan adjudicarse contratos públicos cuyo importe supere el 30% de la facturación de la compañía.

El portavoz del PP en las Juntas Generales, Javier Ruiz, considera que el texto presentado por el Gobierno foral es de mínimos, por lo que los populares han presentado enmiendas para tratar de mejorarlo.

Según ha explicado, han dividido las enmiendas en tres bloques, el primero de ellos relacionado con la contratación pública y la despolitización de determinados órganos y recoge que los miembros del órgano de garantías deberán ser personas elegidas en base al criterio de especialidad y sin vinculación política, al igual que debería ocurrir, a su entender, en las mesas de contratación o de los tribunales de selección de personal.

En ese sentido, ha señalado que si un ex alto cargo pasa a formar parte de una empresa, ésta tenga una limitación a la hora de contratar con la administración y, sobre todo, con el departamento con el que ha tenido vinculación con un límite máximo de un 30% de su facturación total.

Así mismo, el PP plantea que las empresas que liciten y tengan en sus consejos de administración ex altos cargos de la Diputación Foral lo comuniquen a la mesa de contratación.

Un segundo bloque de enmiendas se refiere a la recepción por parte de los altos cargos forales de regalos o dádivas, que no pueden pasar de un límite de 50 euros.

Otro de los bloques de enmienda está relacionado con los viajes, desplazamientos y gastos de representación. En ese sentido, el PP ha considerado que el criterio tiene que ser el de la racionalización del gasto públicos limitando los viajes a lo imprescindible y optando siempre por las opciones más económicas

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