El paquete de nuevas medidas para frenar el avance del coronavirus en Euskadi acordadas en el seno del Consejo asesor del Plan de Protección Civil de Euskadi (LABI) esteo sábado no entrarán en vigor al menos hasta los próximos días.

El retraso se debe a que el gobierno vasco quiere contar con todos los avales legales para impedir la anulación de esas medidas en el ámbito judicial, especialmente en lo que se refiere a la limitación de las reuniones a 6 personas, tanto en el ámbito privado como en el público.

Experto en derecho constitucional

En COPE País Vasco nos hemos puesto en contacto con el profesor de derecho constitucional de la facultad de derecho de la Universidad de Deusto, Gonzalo Martínez Etxeberria, para que aclare el motivo de esta consulta.

Según explica la limitación de derechos amparados en el capítulo 1 de la constitución no se puede hacer de cualquier manera, ya que son derechos especialmente protegidos, que en este caso entran en colisión con un bien jurídicamente protegible como es el de la salud.

El profesor Martínez Etxeberria reconoce que “la pandemia ataca de una manera cruda, pero también es muy crudo limitar derechos fundamentales”.

El gobierno hace bien en curarse en salud “pero no debe confiarse”

Martínez aplaude la intención del ejecutivo de curarse en salud, pero ya advierte que en cualquier caso y sea cual sea la postura que tome el alto tribunal, “el recurso a los tribunales siempre va a estar encima de la mesa”, como ya se puso de manifiesto durante el estado de alarma de los meses pasados.

Primero se debe pronunciar la Fiscalía y emitir su informe, un trámite que se estima unas 24 horas, para después ser ya el turno de los jueces para deliberar y redactar sus conclusiones que estarán listas este jueves con lo que se podría publicar la orden en el BOPV de cara a su entrada en vigor ese mismo jueves por la noche o ya el viernes siempre que no sea necesaria una modificación.