Aunque las normas durante el estado de alarma por la crisis sanitaria, provocada por el coronavirus, se han ido exponiendo fase por fase y la mayoría de los ciudadanos las han acatado, en otras ocasiones las denuncias han sido la manera de cortar ciertos comportamientos que las transgredían.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), Juan Luis Ibarra, calculaba este lunes, 1 de junio, que menos de un 10 % del millón de denuncias registradas por saltarse las restricciones del estado de alarma van a terminar en multa.
Ibarra ha aclarado que saltarse las restricciones de movilidad y de confinamiento dictadas durante el estado de alarma para evitar contagios del coronavirus no conlleva en sí mismo una multa, sino que requiere que la persona infractora actúe con desobediencia a un agente o con contumacia y reincidencia en esa acción por lo que, previsiblemente, la mayor parte del millón de denuncias interpuestas por la Ertzaintza y otras policías desde el 14 de marzo no supondrán sanción.

Se han interpuesto cerca de un millón de denuncias en todo el Estado. En Euskadi, a 31 de mayo se superaban las 29.000, según datos del Departamento de Seguridad.

Las sanciones ya han empezado a notificarse a los infractores e incluso cerca de 1.500 vascos ya han abonado la multa por incumplir las normas establecidas por el estado de alarma. Hay que tener en cuenta que al elegir la opción del "pronto pago", solo han tenido que satisfacer la mitad de su cuantía. La suma de la recaudación asciende hasta ahora a 345.000 euros.

Todas las infracciones se basan en el incumplimiento del artículo 36.6 de la mencionada ley, referido a la desobediencia y resistencia a la autoridad, y por tanto se consideran graves. Las sanciones van desde los 601 euros hasta los 30.000, aunque casi la totalidad de las impuestas desde el 14 de marzo fueron por la cantidad más baja. La Ertzaintza y las Policías locales vascas han interpuesto hasta el momento 29.397 denuncias, más de la mitad en Bizkaia.

Pero la cuestión es qué solo el 4% de los multados han pagado y se debe a causas burocráticas.

Se trata de sanciones que exigen un procedimiento, no son automáticas como ocurre por ej. con las multas de tráfico. El número de expedientes es muy elevado y aumenta a diario, por ello la administración no da abasto. De esas casi 30.000 sanciones, tan solo se han tramitado o incoado 7.237, el 25%.

La forma de recepción es a través de un correo certificado con acuse de recibo, si bien la Ertzaintza también las ha entregado en mano, dada la reducción de la actividad en el servicio de Correos.

Los infractores solo tienen dos opciones: pagar o alegar. Quienes eligen la primera opción pueden acogerse al "pronto pago", lo que supone una reducción de la multa del 50%, en ese caso se abonan 301 euros y no 601. Una vez satisfecha la multa, no cabe recurrirla. Fuentes de Seguridad indican que en torno al 25% o el 30% opta por el pronto pago.

En caso de no estar de acuerdo con la denuncia se puede presentar una alegación por la vía administrativa. En primera instancia esta llega al director de la Ertzaintza, que es el que valora si la admite o la rechaza. En caso de rechazarla, existe la posibilidad de presentar una segunda alegación, que será contestada por el viceconsejero de Seguridad. Y, por último, si el afectado no está de acuerdo con una segunda denegación, puede acudir a la Justicia e iniciar un proceso administrativo-penal. Hasta el momento, 424 vascos han recurrido su denuncia, aunque todas estas alegaciones se encuentran aún en la primera fase y no han sido respondidas.

Si bien casi la totalidad de las sanciones suponen una multa de 601 euros, las desobediencias graves conllevan una cuantía mayor. Es el caso de aquellas personas que han llegado a ser detenidas por incumplir las normas de la cuarentena o la desescalada, un total de 461 (292 en Bizkaia, 100 en Gipuzkoa y 69 en Álava). El artículo 36.6 contempla tres grados dentro de las infracciones graves: el mínimo comprenderá la multa de 601 a 10.400; el grado medio, de 10.401 a 20.200 euros, y el grado máximo, de 20.201 a 30.000 euros.

Ertzaintza y Policía Local se han encargado en Euskadi del cumplimiento de las normas por el estado de alarma. Ha sido durante el confinamiento cuando más sanciones se han interpuesto a personas que estaban en la calle sin justificación. En las tres primeras semanas del estado de alarma, hasta el 7 de abril, se acumularon un total de 11.578 denuncias y 204 personas fueron detenidas. Después, con el inicio de la desescalada, sus fases y todas las dudas y rectificaciones surgidas durante la misma, el ritmo sancionador ha bajado, aunque sigue activo.