Un total de 30.001 trabajadores riojanos se acogieron en 2020 a un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) de suspensión o reducción de jornada, en un año marcado por la pandemia de la covid-19; mientras que en 2019 tan solo fueron 32 las personas amparadas por un expediente de estas características.

El Consejo Riojano de Relaciones Laborales, compuesto por el Gobierno regional, sindicatos y la patronal, se ha reunido este jueves para hacer balance de las actuaciones recogidas en la memoria del año 2020, que se ha centrado en las medidas de ajustes de actividad para evitar despidos por la covid-19, ha explicado el Ejecutivo riojano en una nota.

En este sentido, se recoge que, el año pasado, las sociedades mercantiles presentaron 5.127 expedientes de reducción temporal de empleo, que afectaron a 30.001 trabajadores, de los que 4.909 fueron resueltos y 208, desistidos o denegados.

De los 4.909 resueltos, 8 fueron por extinción y 4.901, por suspensión o reducción; y, de estos últimos, 4.890 fueron derivados por la covid-19 y 11, por otras causas.

Además, la memoria contempla un seguimiento de huelgas, procedimientos sancionadores por infracciones en el orden social y conciliaciones previas en conflictos laborales individuales y colectivos.

Se convocaron 22 en La Rioja durante el año 2000, de las que 20 tuvieron un carácter nacional y 2, regional.

En la memoria se detalla también la evolución de los procedimientos sancionadores por infracciones en el orden social iniciados a partir de las actas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que fueron 306 expedientes, frente a los 196 de 2019.

La mayoría de los procedimientos, 175, fueron en materia de seguridad y salud; 124 por temas vinculados a relaciones laborales; 5 por obstrucción y 2 por empleo.

El año pasado se registraron 6 convenios colectivos -4 de empresa y 2 de sector-; mientras que en el ejercicio anterior fueron 30.

Los asistentes a la reunión de este jueves han establecido la propuesta de los 12 festivos laborales de carácter retribuido y no recuperable incluidas las fiestas de ámbito nacional, que se trasladará al Consejo de Gobierno para su aprobación definitiva.