ARAG-ASAJA ha solicitado hoy una reunión urgente con las Consejerías de Sostenibilidad y Agricultura del Gobierno de La Rioja para que insten a la derogación del apartado que prohíbe quemar los restos vegetales en la nueva Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una economía circular, aprobada por el Gobierno de España en el mes de abril.

La organización ha manifestado la “preocupación e incertidumbre” que genera la puesta en marcha de esta normativa entre los agricultores riojanos que, en breve, van a comenzar la campaña de poda y el arranque de viñedo y de otros cultivos leñosos, ya que la nueva ley establece que no está permitida la quema de restos vegetales generados en el entorno agrario y que, únicamente, podrá permitirse la quema de estos restos con carácter excepcional, siempre y cuando cuenten con la correspondiente autorización individualizada que la permita por razones de carácter fitosanitario que no sea posible abordar con otro tipo de tratamiento.

Para la organización, esta nueva normativa transforma totalmente la actuación habitual y tradicional del agricultor, que no podrá desarrollar una actividad normal y necesaria para el campo, al equiparar la quema de restos leñosos de viña, almendro, olivar o frutales con otra clase de residuos. Además, no ha tenido en cuenta que la quema de desechos agrarios ayuda, desde el punto de vista fitosanitario, a acabar con plagas y enfermedades que padecen distintos cultivos, supone un gasto importante para las explotaciones agrarias, que tienen que transportar esos restos a kilómetros de distancia y no cuentan con maquinaria preparada para ello y que tampoco existe una red de empresas de biomasa que pueda hacerse cargo de la cantidad de madera que pueda generarse.

Igor Fonseca, secretario general de la organización, desvincula la petición de que se anule esta prohibición con la quema de rastrojos, que está prohibida desde el año 2005.

Hasta la publicación de esta normativa, la prohibición de quemas agrícolas se regulaba en el marco de la condicionalidad de la Política Agrícola Común (BECAM3), que ya establecía la prohibición de la quema de rastrojos de cultivos herbáceos, salvo excepciones por motivos sanitarios a determinación de las Comunidades Autónomas.

En cuanto al resto de quemas (cultivos leñosos u otros), la prohibición la determinaban las Comunidades Autónomas en función de sus normas autonómicas para prevención de incendios forestales. Por eso, esta obligatoriedad de prohibición total ocasionaría, según ARAG-ASAJA, muy graves perjuicios a la agricultura y ganadería.

Situaciones por las que la organización agraria pide que se modifique la actual Ley de Residuos para suprimir esta prohibición que afecta a una práctica necesaria y habitual en el campo, afectando en La Rioja, a al menos, 60.000 hectáreas y miles de agricultores.