El Gobierno de Españadejará en manos de las autonomías el grueso de las nuevas medidas para luchar contra la pandemia, una vez decaiga el estado de alarma el próximo 9 de mayo, unas restricciones sobre las que en adelante tendrá la última palabra el Tribunal Supremo en lugar de los tribunales autonómicos.

A cinco días del fin del estado de alarma, el Consejo de Ministros ha aprobado el real decreto-ley que permitirá a las autonomías recurrir en casación ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo la presunta vulneración de derechos fundamentales en sus medidas de control de la pandemia, lo que a juicio del Gobierno mejorará la seguridad jurídica y dará más coherencia al sistema.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha dado cuenta de esta decisión que entrará en vigor el próximo 10 de mayo, con el fin del estado de alarma, y que ofrece "tranquilidad" a las autonomías en su afán de mantener restricciones para combatir al coronavirus.

El Ejecutivo, según ha explicado Calvo, ha informado previamente al alto tribunal de su intención de cederle esta última palabra y dar así un paso más en el camino que ya había iniciado en septiembre cuando se modificó la ley para que fueran los TSJ de cada comunidad, y no los juzgados ordinarios, los encargados de resolver sobre las restricciones.

En este caso, el Supremo tendrá "un tiempo récord" de cinco días para responder a un Gobierno autonómico. "Esto significa que hemos de estar tranquilos, que los gobiernos autonómicos pueden seguir planteando medidas importantes con garantía constitucional y con una nueva capacidad de protección que es la que nos ofrece el Supremo", ha incidido Calvo.

El Gobierno espera que esta nueva decisión "tranquilice" a las autonomías, cuyas demandas ha escuchado, pero que no han colaborado ni conocían previamente la normativa aprobada este martes.