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CERMI-La Rioja exige el derecho de los discapacitados a una vivienda accesible, asequible e inclusiva

El 3 de mayo es el Día Nacional de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad

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Tito AlcaláLogroño

Tiempo de lectura: 2'Actualizado 13:28

El Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de La Rioja (CERMI-La Rioja) exige el derecho de las personas con discapacidad a "una vivienda accesible, asequible e inclusiva" como elemento esencial para una vida independiente y participativa. Esta es la principal reivindicación que la plataforma de la discapacidad resalta en su manifiesto con motivo de la celebración del Día Nacional de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que se ha celebrado hoy, 3 de mayo, con la lectura del Manifiesto en la Sala de Juntas del Edificio de Rectorado de la Universidad de La Rioja (UR).

El Manifiesto de este año 2021 ha sido leído por el estudiante, Álex Domínguez, que está cursando estudios de Derecho en la propia Universidad, y por Esther Fernández, en braille. El acto ha sido presidido por la vicerrectora de Estudiantes y Extensión Universitaria, M.ª Martínez Calvo, acompañado de Iván Santolalla Arnedo, delegado del Rector para la Unidad de Igualdad e Inclusión, quienes han definido a esta Universidad “como lugar de referencia, para el desarrollo de políticas de igualdad e inclusión”, y Javier Muñoz, secretario de CERMI-La Rioja.

En esta jornada, que fue establecida oficialmente por el Consejo de Ministros, en 2019, a propuesta del propio CERMI, se ha reclamado que la discapacidad ha de ser tenida “muy en cuenta” en la ordenación y aseguramiento del derecho a la vivienda, que debe abordarse como parte de la legislación y las políticas públicas generales de vivienda. Y es que, tal y como se recalca en el manifiesto “toda persona tiene derecho a vivir en su domicilio con el soporte que precisa y perteneciendo y participando de su comunidad”.

De esta manera, el movimiento CERMI-La Rioja considera necesario llevar a cabo dos medidas “de calado”. Por un lado, la aprobación de una Ley General de Garantía del Derecho Social a la Vivienda, así como el aumento del parque público de vivienda, dedicando al menos el 2 % del Producto Interior Bruto (PIB) para asegurar esta finalidad.

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