El GOB ha dirigido a Autoridad Portuaria del puerto de Maó para conocer qué prevenciones ambientales han aplicado ante la instalación de más de 100 amarres de cemento en la acera que va de Muelle d'en Pons en Cala Figuerasses.

La entidad ha pedido poder consultar el expediente que se ha usado para contratar las obras de instalación de las boyas, saber si se ha hecho algún estudio previo de presencia de valores ambientales y si se han estudiado algun tipo de medidas minimizadoras del impacto o compensatorias (como fondeos con perno, muertos con refugios para fauna, etc). El GOB recuerda que la Ley 12/2016 de evaluación ambiental de Baleares, modificada por la Ley 9/2018, dispone que hay evaluación de impacto ambiental para cualquier proyecto que pueda afectar a los ecosistemas marinos. Cada una de las boyas instaladas va acompañada de un muerto de cemento de un par de metros cuadrados. Esto son más de 200 m2 de zona afectada, en un área que, como se recordará por el caso de las obras del muelle de cala Corb, podría haber especies protegidas. En aquella ocasión, el cambio repentino de tipología de obra, anunciada y licitada como pasarela volada de leña pero cambiada sin autorización a muelle de obra, provocó el vertido no programado de grandes cantidades de materiales sólidos y la seria afectación de una colonia de Cladocora caespitosa, un coral mediterráneo bajo especial protección. Desde entonces, las obras están paradas, pendientes del veredicto del Ministerio de Medio Ambiente.

Asimismo, también se ha pedido saber si cada una de estas boyas está destinada a un nuevo amarre (viendo la gran distancia de los muelles, cabrían embarcaciones de gran eslora) y si se han tenido en cuenta los estudios de capacidad de carga náutica de la isla que el Gobierno Balear está elaborando. Hay que tener presente que las barcas no quedan en el puerto sino que salen en el litoral y, por tanto, su efecto trasciende el amarre.