La conselleria de Educación insiste en que la asistencia a los colegios es obligatoria, incluso en las zonas confinadas. En caso de absentismo, los centros y la conselleria intentarán que las familias lleven a los menores a clase. Si no lo consiguen, el caso pasará a la fiscalía de menores.
Aunque hasta ahora cuando se produce un problema de este tipo lo más común es que haya un consenso entre los padres y los colegios, en estos momentos hay una mayor preocupacion de que haya más familias que, por miedo a contagios, no lleven a los niños a clase.
El fiscal de Menores, José Díaz Cappa, ha explicado que cuando el incumplimiento de los padres del ejercicio de la patria potestad en relación a la educación de los menores es reiterado e injustificado para el menor, se pueden adoptar sanciones disciplinarias, civiles ante los juzgados solicitando la inmediata escolarización del menor, actuaciones de la entidad pública o finalmente, las sanciones penales. Por el desamparo de un menor se le puede retirar la tutela a los padres o, incluso, llegar a sanciones penales por incumplimiento de los deberes de la familia o desobediencia, que pueden suponer hasta un año de carcel o la inhabilitación de la patria potestad.
Nada ha cambiado en la Administración desde antes de la covid. Explica Díaz que todos los años hay muchos casos de absentismo escolar y solo los graves, reiterados e injustificados son tratados y pueden terminar en un procedimiento penal. Ahora, espera que, a pesar de los confinamientos en determinados barrios de Palma, la cifra no suba y que los casos se solucionen con los padres o el colegio y no sea necesario incoar un procedimiento en fiscalía.