180.000 ciudadanos de las Islas Baleares estaban en 2019 en situación o riesgo de pobreza y exclusión social, una situación que será "mucho más perjudicial" para este colectivo por el impacto que tendrá este año la covid-19 en la economía de las familias del archipiélago.

La Xarxa per a la Inclusió Social de les Illes Balears-EAPN-Illes Balears ha publicado este jueves su informe sobre el estado de la pobreza en el archipiélago referido a 2019, donde se advierte que "la covid-19 ha modificado totalmente el crecimiento económico, los datos laborales y, por descontado, la situación de la pobreza y la exclusión".

Este informe recoge que más de la mitad de la población experimentó dificultades para llegar a final de mes, un porcentaje superior a la media nacional. Esto, sumado a la incapacidad para hacer frente a gastos imprevistos, dibuja un panorama post-COVID que deja poco espacio al optimismo.

El indicador AROPE, que suma la tasa de pobreza, la privación material severa y la baja intensidad del empleo en los hogares, muestra que el 15,1 % de la población de las islas, 180.000 ciudadanos, se estaban en 2019 en situación o riesgo de pobreza o exclusión social.

Este porcentaje del 15,1 % supone una mejora real de tres puntos respecto a la situación en Baleares en 2018 (18,1 %) y diez puntos mejor respecto a España en 2019 (25,3 %).

El informe señala que Baleares, sobre todo gracias a la actividad turística, había salido de la crisis de 2008 con más rapidez que otras comunidades y en 2019 había recuperado los niveles de empleo de 2008.

Sin embargo, en 2019 ha seguido "bien presente el grave problema" de la "desigual e injusta" redistribución de la riqueza, junto con un "preocupante volumen de empleos precarios, y con precios de vivienda inasumibles para una buena parte de la ciudadanía".

En términos puramente económicos, el año pasado la tasa de pobreza en las islas fue del 12 %, la tercera más baja del Estado. Un total de 143.000 ciudadanos se encontraban en esta situación.

Mientras tanto, el 6,8 % (80.000 ciudadanos) atravesaron una coyuntura de pobreza severa con menos de 429 euros para vivir al mes. Son tres puntos más que en 2018, lo que evidencia que "la recuperación económica estaba olvidando a las personas más vulnerables" del archipiélago.

En 2019, un total de 40.000 personas de las islas vivieron en condiciones de privación material severa, lo que significa que no podían afrontar cuatro de siete conceptos básicos de consumo definidos por la Unión Europea (UE).

En concreto, el 28,3 % no tuvo capacidad para afrontar gastos imprevistos, el 25,3 % no fue de vacaciones ni una semana al año, el 14 % retrasó el pago de la vivienda en los últimos doce meses, el 6,5 % no pudo permitirse un ordenador, otro 6,5 % no logró tener su vivienda a una temperatura adecuada, el 4,8 % no consiguió comer carne, pollo o pescado dos veces a la semana y el 3,8 % no pudo disponer de un coche.

El informe subraya que es "alarmante" la situación del precio de la vivienda o el alquiler en las islas, que según los expertos se ha incrementado un 40 % en los últimos cinco años. "Este hecho dificulta la vida cotidiana de muchas familias", que deben destinar buena parte de sus ingresos al pago del alquiler o la hipoteca.

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Por ello, las administraciones públicas, mantiene el informe, "deben diseñar y aplicar" una política de vivienda "clara y valiente" que impulse la vivienda pública, fomente el alquiler social, impida los desahucios y la gentrificación.

Respecto a las pensiones, 68.755 pensionistas recibieron en 2019 una renta inferior al límite de la pobreza (644 euros) y 31.642 estaban en situación de pobreza severa al cobrar menos de 429 euros.

Por ahora, "no es posible" conocer las consecuencias de la covid-19, señala la Xarxa per a la Inclusió Social.

Sin embargo, una reciente encuesta a entidades que integran la EAPN muestra un aumento superior al 25 % de sus usuarios desde el inicio de la pandemia, principalmente por la caía de sus ingresos y la dificultad para pagar su vivienda.

Otro dato revelador de 2020 es que más del 30 % de los usuarios atendidos durante estos meses de crisis sanitaria y económica jamás se habían dirigido antes a una entidad social o a los servicios sociales públicos.