El titular del juzgado de Instrucción número 2 de Vigo acaba de dictar una medida cautelar que ha permitido al propietario de una vivienda en la zona vieja de Vigo recuperar de inmediato su casa. Una decisión judicial, poco frecuente, que ha conseguido que su legítimo propietario pueda volver a disponer del inmueble.

Todo se remonta a julio de 2020 cuando una pareja ocupó de manera ilegal un piso de la zona vieja de Vigo. El propietario fue consciente de la ocupación después del aviso de un electricista que había acudido al piso para ver las obras necesarias para renovar la instalación eléctrica. Cuando llegó al lugar se encontró con que la vivienda había sido ocupada por lo que avisó al dueño. Ante esta ocupación el propietario decidió llevar el asunto a los tribunales para conseguir el desalojo inmediato de las personas que habían ocupado ilegalmente su propiedad. El juicio sobre esta ocupación se tenía que celebrar recientemente, sin embargo, se tuvo que suspender porque ninguno de los denunciados acudió al juicio. El hombre porque cumple pena de prisión en estos momentos y la mujer porque decidió no comparecer.

Ante esta circunstancias, el abogado del titular del inmueble solicitó al juez que tomara medidas cautelares y que permitiese a su representado la entrada inmediata en el piso para poder recuperarlo. José Luis Feijóo, el abogado del demandante, subraya que lo destacable en esta resolución es el "estudio completo que hace el juez de esta situación concreta". El letrado destaca además que en este caso "no está creado en ese piso ningún domicilio familiar" ya que, en estos momentos, ninguna persona o familia reside en el lugar. Algo que dificultaría el desalojo del inmueble y reproduciría la situación vivida por muchos propietarios de pisos ocupados.

Bajo estas circunstancias y amparándose en la Ley de Enjuiciamento Civil, la medida cautelar del juez instructor permite a su propietario un desalojo esprés del inmueble, toda vez que todos los indicios apuntan a que esa vivienda fue objeto de ocupación y toda vez también que hay un riesgo evidente de que la situación procesal se prolongue en el tiempo debido a la incomparencia de una de las personas ocupantes. Esta dilación supondría un grave prejuicio como así hace constar en su resolución el juez. Un juez que resuelve también imponer al demandante una fianza de 50 euros.

Finalmente, y una vez conocida esta medida cautelar, el dueño acudió al piso y rompió el candado que los okupas habían colocado. En su lugar instaló una puerta de seguridad como las que habitualmente se utilizan en establecimientos comerciales para evitar que se vuelva a producir otra ocupación.