Una trabajadora de Vigo, afectada en su día por un ERE temporal, puede ser condenada a 20 meses de prisión por borrar datos importantes de los discos duros de la empresa en la que estaba trabajando.

Todo se remonta a 2017 cuando después de 9 años en la empresa le fue aplicado un expediente temporal de regulación de empleo de un año de duración. En venganza por esta decisión la acusada entró con su usuario y su contraseña a su equipo informático para borrar de forma malintencionada y premeditada numerosos archivos y documentos que eran imprescindibles para la actividad de la compañía, entre ellos los registros y datos de cientos de clientes.

Esto obligó a la contratación de una consultora externa para recuperar los datos que habían sido borrados, algo que costó algo menos de 6.700 euros. Más allá del coste de esta consultoría la empresa no pudo recuperar los datos del 8 por ciento de sus clientes y se vió forzada a paralizar la actividad durante varios días lo que le produjo un lucro cesante de unos 18.000 euros. 

Fiscalía pide para la acusada 20 meses de prisión por un delito de daños informáticos y una indemnización de 24.410 euros a la empresa para la que había trabajado.