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Las cuentas de Lores para la salida de ENCE: "Se queren seguir producindo, teñen que gastar os seus cartiños"

El alcalde de Pontevedra propone que la empresa use sus beneficios para el traslado de Lourizán y que el Gobierno financie con fondos europeos una modernización de su tecnología.

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Foto de archivo del alcalde en el Concello.

Pontevedra

Tiempo de lectura: 2'Actualizado 15:08

El alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, considera que es viable un traslado de ENCE lejos de Lourizán y este lunes lo ha justificado con una posible subvención del Ministerio de Transición Ecológica y con los propios beneficios de la empresa: "Todo o mundo di que esta é unha das mellores pastas de papel que se fan no mundo, ten mercado. Se queren seguir producindo, teñen que gastar os seus cartiños e ubicarse noutro sitio. Eu botei algunha conta algunha vez: houbo anos que os beneficios da empresa foron de 120 millóns, outro de 40, de 50... Pero poñendo unha media de 50 millóns por 60 anos eran, nada máis e nada menos, que 3.000 millóns. Hai marxe, moita marxe para facer outra instalación".

SENTENCIA

La sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional ha estimado los recursos que Greenpeace y el Ayuntamiento de Pontevedra presentaron contra las resoluciones de la Administración central por las que se acordó, por un periodo de 60 años, la prorroga a la concesión de Ence.

En concreto, la prórroga, otorgada por el Gobierno del popular Mariano Rajoy, era para la ocupación de una superficie de 373.524 metros cuadrados de dominio público marítimo terrestre con destino a esta fábrica de pasta de celulosa Kraft en la franja entre Pontevedra y Marín, en los terrenos de Lourizán.

La sentencia, con fecha de este 15 de julio, declara "no haber lugar" a la prórroga de la concesión en cuestión. Así las cosas, la planta se ve abocada al cierre, si bien el fallo es susceptible de recurso de casación ante el Tribunal Supremo que deberá prepararse ante esta sala en el plazo de 30 días contados desde el siguiente al de su notificación.

Los escenarios que se abrían a partir de lo que decidiesen los magistrados de la Audiencia Nacional era que la planta se vea abocada al cierre (si, como ha sido el caso, rechazaban la prórroga por completo), su mantenimiento hasta 2073 (si por el contrario la avalaban) o que siga en su emplazamiento pero solo hasta 2033 (si atiendían parcialmente los recursos).





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