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Comezó en Ourense el juicio de la operación "Zamburiña": los acusados serán los primeros en declarar

La jueza no aceptó la petición de los abogados, que solicitaron que sus defendidos prestaran declaración en último lugar

Abogados Zamburiña

Abogados de la defensa en el juicio de la Operación Zamburiña. En primer término, la letrada Beatriz Seijo, que defiende al ex jefe de la Unidad Antidroga de la Comisaría de Ourense.

Amelia GonzálezOURENSE

Tiempo de lectura: 2'Actualizado 18:52

El macrojuicio de la Operación Zamburiña comenzó esta mañana en la Audiencia Provincial de Ourense.

En este proceso se sientan en el banquillo cuatro agentes de policía acusados de colaborar y proteger a nueve presuntos narcotraficantes, que también van a ser juzgados.

Esta primera jornada estuvo dedicada a las "cuestiones previas" -donde las partes exponen sus estimaciones sobre la competencia del órgano judicial, la vulneración de algún derecho fundamental, o las causas de nulidad, entre otros argumentos-, y todos los abogados de la defensa coincidieron en la petición de que sus representados declarasen en último lugar del proceso, pero la jueza Ana Blanco no accedió a esa petición. Como tampoco aceptó los dos informes de Asuntos Internos presentados por el Ministerio Fiscal, y a los que se opuso la abogada de Antonio R., exjefe del grupo antidroga de la Comisaría de Ourense, entre otros motivos, porque no había tiempo para examinar las 50 páginas de las que constaban dichos informes y revisar la estrategia de la defensa.

La letrada de Antonio R. también cuestionó las copias de unos DVDs que se entregaron las pasada semana a la defensa, pese a que las había solicitado a la fiscal en reiteradas ocasiones. En esos DVDs están registradas unas grabaciones telefónicas de su defendido, pero la abogada afirma que esas copias no contienen las grabaciones originales.

Además, cuestionó que el origen de la causa, que se había abierto a raiz de una denuncia falsa, un anónimo que relacionaba el robo de armas que se había producido en la comisaría con el mundo de las drogas, por lo que la letrada señaló que quedaban muchas incógnitas por resolver, en referencia a las otras dos causas abiertas por la sustracción de seis armas y la muerte de un agente.

La fiscal atribuye a los acusados supuestos delitos contra la salud pública, revelación de secretos y omisión del deber de perseguir delitos, y pide penas que suman más de 100 años de cárcel.

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