Aplazado una semana el juicio de la "Operación Zamburiña"
Las defensas de los acusados han anunciado la intención de pedir la nulidad de la causa
Amelia GonzálezOURENSE
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Actualizado 14:43
El juicio de la Operación Zamburiña ha sido aplazado hasta el próximo lunes. Así lo ha decidido el Tribunal de la Audiencia Provincial de Ourense después de que el abogado de uno de los acusados solicitara posponer el inicio del juicio debido a que su cliente está pendiente del resultado de una prueba de COVID y no pudo asistir a la sesión.
En este proceso, se juzgará a nueve presuntos traficantes de drogas y a cuatro agentes de la Policía Nacional que, supuestamente, colaboraban con ellos en actividades relacionadas con el tráfico de estupefacientes, unos hechos que fueron destapados por un escrito anónimo que acabó en manos de Asuntos Internos, y cuya elaboración se relaciona con dos policías gemelos y un agente que, en 2016, apareció muerto por un disparo en el interior de la Comisaría de Ourense.
La abogada Beatriz Seijo, que defiende al que fue responsable del Grupo de Estupefacientes, aseguró esta mañana que el proceso es nulo porque está plagado de irregularidades "desde que no hay motivaciones ni fundamentos, alguna sin intevención del Ministerio Fiscal. Se trataba de un asunto que se había archivado por ser una cuestión civil. Para mí está plagado de nulidades a niveles verdaderamente sorpresivos, como yo no he visto en mi vida", ha señalado.
El secretario del Sindicato Unificado de Policía en Galicia, Roberto González, asistió al inicio del juicio para arropar a sus compañeros que, asegura, son grandes profesionales, y considera que lo que falló en el caso fue Asuntos Internos "que hizo una investigación que partió viciada".
Por su parte, el abogado Jorge Temes, abogado de una de las principales acusadas del grupo de presuntos narcotraficantes para la que se piden 13 años de prisión , planteará, entre otras,"la nulidad de las intervenciones telefónicas y de las entradas y registros en domicilios", explicó.
Los acusados se enfrentan a penas que suman 100 años de cárcel por presuntos delitos contra la salud pública, revelación de secretos, omisión del deber de perseguir delitos, o tenencia ilícita de armas.
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