El secretario general del sindicato Unións Agrarias, Roberto García, ha advertido hoy en Lugo que los ganaderos y agricultores gallegos podrían perder unos 700 millones de euros de fondos europeos y quedarse sin ayudas directas hasta el año 2023 si la Xunta de Galicia no es capaz de “reprogramar las partidas”, en colaboración con el Ministerio de Agricultura y la propia Unión Europea.

García precisó que, a la espera de la nueva Política Agraria Común y de que se apruebe el nuevo presupuesto de la Unión Europea, unas 10.000 explotaciones gallegas situadas en zonas desfavorecidas y de alta montaña podrían quedarse hasta el año 2023 sin “ingresos directos” procedentes de los fondos comunitarios.

Recordó que son “explotaciones muy sensibles”, que tienen unos “costes de producción altos”, precisamente por estar situadas en esas zonas desfavorecidas o de alta montaña, de modo que los “quinientos o seiscientos euros mensuales que perciben de ayudas son, muchas veces, su único margen de beneficio”.

Por lo tanto, si no se reformula el PDR -el Programa de Desarrollo Rural-, avisó, “más de la mitad de esas explotaciones” podrían verse en serias dificultades para mantener su actividad, que “no es como la de una fábrica cuando se anula el turno de noche por falta de carga de trabajo y se vuelve a activar cuando es necesario”.

Según García, de los 1.150 millones de euros asignados para ejecutar en seis años, la Xunta de Galicia solo ha invertido el 38%, por lo que quedan aún “unos setecientos millones de euros sin gastar” y el plazo finaliza el próximo año.

Por ello, le pide a la Xunta de Galicia -en concreto a la Consellería de Medio Rural- que en la próxima reunión del PDR, en la que participará la administración autonómica, el Ministerio de Agricultura y la Unión Europea, se haga “una reprogramación de las partidas” para que, en vez de devolver ese dinero, “llegue a los ganaderos y agricultores en forma de ayudas hasta el año 2023”.

“Dinero hay, solo es necesaria voluntad política”, dijo el portavoz sindical, porque ese presupuesto “debe llegar a los agricultores y ganaderos” y, de ningún modo, puede acabar gastado “en las pistas de los ayuntamientos rurales” o en el pago de “helicópteros” y otros medios para luchar contra el fuego.

A su juicio, la “mejor prevención contra los incendios forestales es, precisamente, la limpieza que hacen los ganaderos” de los montes para mantener su actividad productiva.