UU.AA culpa a la “dejadez” de la Xunta de la extensión de la plaga de ratas

El sindicato recuerda que avisó en marzo a Medio Ambiente cuando solo estaba en tres parroquias

UU.AA culpa a la “dejadez” de la Xunta de la extensión de la paga de ratas

Ramudo

Tiempo de lectura: 2'Actualizado 14:17

El secretario general del sindicato Unións Agrarias (UU.AA), Roberto García, ha culpado a la “dejadez” de la Xunta de Galicia y a la falta de coordinación entre las consellerias de Medio Ambiente y Medio Rural de la extensión de la plaga de ratas topo que en estos momentos afecta a varios municipios de A Montaña y de la zona sur de la provincia de Lugo.

Aunque el sindicato denunció hace meses la existencia de esta plaga ante Medio Ambiente, para García es “de chiste” que la Consellería de Medio Rural diga ahora que no tuvo conocimiento del problema hasta ahora, cuando la jefa territorial de este departamento es la alcaldesa de Triacastela, Olga Iglesias, uno de los municipios afectados.

García recordó que el sindicato denunció la existencia de esta plaga en el mes de marzo, y entonces tan solo afectaba a tres parroquias de un municipio, pero ahora ya se ha extendido a “tres ayuntamientos” -Samos, Triacastela y Pedrafita- y, según información facilitada por la Consellería de Medio Rural, hay unas 1.500 hectáreas afectadas.

Ante esta situación, aclaró el portavoz sindical, la Xunta de Galicia tiene que asumir la responsabilidad de lo sucedido e implementar medidas para tratar de solventar el problema, porque en estos momentos los ganaderos afectados “no tienen forraje” almacenado para el invierno y tendrán que “comprarlo fuera”, con el consecuente incremento de los gastos de producción.

A su juicio, en este momento el gobierno gallego tiene que tomar decisiones en tres ámbitos, porque hay que “exterminar la plaga”, compensar a los ganaderos por las pérdidas y garantizar las ayudas de la PAC.

En ese sentido, pidió ayudas similares a las aprobadas en Asturias, con la asignación de 700 euros por hectárea afectada, así como la seguridad de que los terrenos afectados por la plaga computarán igual para las ayudas de la Política Agraria Común.

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