La conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, recordó este martes que la Xunta de Galicia ha incrementado en un 61,5% el presupuesto destinado a ayudas para paliar los daños que provoca el lobo en las explotaciones agroganaderas gallegas, con el objetivo último de compatibilizar la existencia de esta especie con la ganadería extensiva.

La conselleira hizo estas declaraciones en el transcurso de una visita a una explotación en el municipio lucense de A Pastoriza, donde también recordó que los ganaderos que denuncian esos ataques a través del teléfono 012, una vez confirmados los daños por parte de la administración autonómica, pueden solicitar esas ayudas.

La presente convocatoria contempla una dotación de casi 650.000 euros para paliar los daños que provoca esta especie en la ganadería, frente a los 400.000 euros destinados el año anterior al pago de esas ayudas.

Además, recordó que a esas ayudas, que suman “más de un millón de euros en dos años”, hay que sumar la inversión realizada por la Xunta de Galicia para prevenir esos daños, una línea para financiar la adquisición de perros protectores, pastores eléctricos o cierres móviles con malla electrificada.

De hecho, precisó que en los últimos cinco años, la Xunta reservó diez millones de euros para prevenir los daños que causa la fauna salvaje, fundamentalmente especies como el lobo, el jabalí o el oso.

Vázquez lamentó que el futuro de las explotaciones ganaderas sea “más incierto” por la inclusión por parte del Gobierno de España del lobo en el listado de especies en régimen de protección especial, dado que esa iniciativa del Ministerio de Transición Ecológica implicará prohibir la caza de ejemplares de esta especie en todo el territorio nacional.

Por ello, recordó que Galicia, junto con Asturias, Cantabria y Castilla y León han puesto en marcha todas las medidas a su alcance para oponerse a esta medida.

La última, precisó la conselleira, “la solicitud de un reunión extraordinaria de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente”, que hasta el momento “no ha sido atendida” por el Gobierno de España.