La nueva ejecutiva de la Diputación de Lugo afronta su primera decisión de trascendencia: la disolución de la Sociedad Urbanística Provincial (Suplusa). Tan solo 8 días después de alcanzar un acuerdo unánime en la sesión plenaria de organización y 20 de su investidura, el presidente de la institución, José Tomé, convocó un pleno extraordinario el 12 de septiembre para iniciar un procedimiento en el que tanto PSOE y BNG, como PP, están de acuerdo. El periodo de liquidación establecido es de 24 meses con posibilidad de prórroga.

De esta forma, Tomé cumple con lo recogido en el pacto de Gobierno y da un importante paso en su compromiso de devolver la normalidad institucional a la administración provincial.

Si bien Suplusa fue en su momento una entidad útil para la provincia, quedó desvirtuada por los acontecimientos producidos en los últimos años. De hecho, la Diputación le retiró su condición de medio propio en marzo de 2018, por lo que a día de hoy su existencia carece de sentido.

La disolución de Suplusa, explican desde la Diputación, se traduce también en un avance en el proceso de restauración, modernización y adelgazamiento de la administración provincial, con lo que además de ser más eficaz y útil a la ciudadanía, se alcanzará un importante ahorro para sus arcas.

Con respecto a los trabajadores de la sociedad mercantil, José Tomé aseguró que tienen la intención de “garantizar sus derechos laborales”, para lo que solicitarán los informes técnicos pertinentes.

Por su parte, desde el Grupo Provincial del PP aseguran que defienden la gestión llevada a cabo por Suplusa en los últimos años. El diputado popular, José Antonio García señala que “siempre se trabajó con honradez, dedicación y compromiso por la provincia”.

Aún así, explican que la imagen de la sociedad se vio “dañada” a causa de “un increíble conflicto político interno en el Partido Socialista”. Lo que a su juicio es un “daño irreparable imposible de revertir”.

“Participaremos en el proceso siempre y cuando estén salvaguardados los derechos de los trabajadores y de los Concellos”, concluyó José Antonio García.