El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso de casación interpuesto en su día por Alcoa contra las medidas cautelares decretadas por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), entre las que figuraba la prohibición de parar las cubas de electrolisis de la fábrica de aluminio primario, además de declarar firme esa resolución del alto tribunal gallego.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia dictó un auto el 4 de noviembre de 2020 en el que le ordenaba a la empresa “abstenerse de llevar a cabo cualquier actuación dirigida a hacer efectiva la parada de las cubas”, en respuesta a la solicitud de medidas cautelares formulada por la representación legal de los trabajadores, el Gobierno de España y la Xunta.

La empresa presentó posteriormente recurso de reposición contra esa decisión del TSXG, pero fue desestimado mediante un auto con fecha de 30 de noviembre de 2020, lo que llevó a la compañía a formular recurso de casación ante el Supremo

Esa cautelar, que le impedía a la empresa parar las cubas de planta de aluminio de San Cibrao, fue dictada en cualquier caso antes de la celebración de la vista en el TSXG que acabó con la anulación del ERE planteado por Alcoa para despedir a más de quinientos trabajadores de la factoría, sentencia que también fue recurrida por la multinacional ante el Supremo.

El recurso presentado ante el Supremo contra la sentencia del TSXG que anuló el ERE está todavía pendiente de resolución.

Sin huelga y a la espera de noticias

La asamblea de trabajadores de Alcoa tomó la decisión, a finales de la semana pasada, de aplazar el reinicio de la huelga indefinida en el complejo industrial hasta el próximo 2 de agosto, con la intención de mantener la “paz social” mientras se siguen desarrollando las negociaciones para la venta de la fábrica de aluminio mariñana.

Alcoa se ha tomado un plazo de dos semanas para analizar la propuesta que le planteó la ministra de Industria, Reyes Maroto, al CEO de la multinacional, Roy Harvey, en el encuentro que ambos mantuvieron en Pittsburgh, en la sede central de la compañía.

Los trabajadores siguen a la espera de noticias, porque después de la reunión el Ministerio dio por desbloqueada la negociación para la venta de la factoría, pero Alcoa aclaró que no se había comprometido a vender la planta de San Cibrao a un tercero.

De hecho, la multinacional ha insistido hasta ahora en su decisión de venderle la fábrica a la SEPI, para que sea la sociedad pública la que se ocupe de su traspaso a un posible comprador industrial.

También los trabajadores solicitan la intervención de la SEPI en el proceso de venta, dado que el comité considera que puede ser una garantía de cara al futuro de la factoría en lo relativo al mantenimiento de la producción y de los puestos de trabajo.