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Los trabajadores frustrados tras la reunión de la Mesa Multilateral porque esperaban la intervención de Alcoa

El Gobierno se muestra dispuesto a exigirle a la multinacional todas las ayudas que ha recibido

Los trabajadores frustrados tras la reunión de la Mesa Multilateral porque esperaban la intervención de Alcoa

Ramudo

Tiempo de lectura: 4'Actualizado 20:42

Los trabajadores de la planta de Alcoa San Cibrao, en Lugo, han reconocido su frustración porque en la reunión telemática celebrada esta tarde esperaban escuchar que el Gobierno intervendría la planta y no ha sido así, por lo que el único compromiso que han "arrancado", como han comunicado a la prensa, es la celebración de otro encuentro dentro de una semana, o antes si Alcoa mueve ficha con el ERE.

El presidente del comité de empresa, José Antonio Zan, ha indicado a la prensa que la plantilla sigue reclamando al Ejecutivo que se "aceleren" los trámites para la nacionalización y por tanto las consultas con los servicios jurídicos de España y Europa.

"Necesitamos más concreción de calendarios y fechas", ha esgrimido, y ha recordado que hay un compromiso de la administración para que las cubas no se paren en la única fábrica de aluminio primario que queda en España y que la palabra dada ha de cumplirse.

"Hasta que no tengamos concreciones por escrito, no tenemos nada", ha insistido Zan, que ha calificado de muy sacrificada la espera, conocedor de que todavía faltan "pasos duros", como saber qué determina la propietaria del complejo industrial sobre el despido colectivo permanente y, si las autoridades esperan para posicionarse hasta que eso ocurra, cómo transcurrirá la fase siguiente.

El Gobierno dispuesto a exigirle que devuelva las ayudas

Por su parte, la ministra de Industria, Reyes Maroto, ha dicho este martes que, si existe evidencia de incumplimientos por parte de Alcoa, le van a solicitar que devuelva todas las ayudas públicas que ha recibido y ha afirmado que esperan poder ejercer toda la presión posible para que Alcoa cambie de actitud.

Maroto, en respuesta a una pregunta del senador socialista César Alejandro Mogo sobre el proceso de negociación de venta de la fábrica de la multinacional del aluminio en San Cibrao (Lugo), ha manifestado que los responsables de Alcoa siempre han querido cerrar la fábrica "y los hechos la han delatado".

Ha acusado a la multinacional estadounidense de utilizar las negociaciones para dejar pasar el tiempo, así como los plazos acordados para la venta de la planta al grupo Liberty House, y "cerrar la planta".

La ministra, que ha asegurado que el Gobierno sigue trabajando para buscar soluciones para mantener la capacidad industrial en la fábrica de A Mariña, ha afirmado que Alcoa ha demostrado "mala fe en todas las negociaciones".

Ha recordado que el pasado 13 de agosto se consiguió que la multinacional estadounidense accediera a un proceso de venta, pero antes de que acabaran las seis semanas de plazo que se habían dado, Alcoa se negó a la venta cuando ésta estaba a punto de cerrarse, a pesar de que desde el Ejecutivo le ofrecieron una compra transitoria a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

Maroto, que ha dicho que están analizando todos los instrumentos para garantizar un futuro a la factoría, ha afirmado que el interés del grupo Liberty por invertir en la planta continúa y que hay un proyecto que garantiza el futuro de la fábrica.

Ha señalado que se han puesto en contacto con la Xunta de Galicia para que se revisen los expedientes de Alcoa y si existe evidencia de incumplimientos, van a solicitarle a la multinacional que devuelva todas las ayudas públicas que ha recibido.

"Esperamos que podamos ejercer toda esta presión para que Alcoa cambie de actitud", ha añadido Reyes Maroto, que ha manifestado que los próximos días "van a ser decisivos" y que es importante mantener la unidad de acción para conseguir el mejor desenlace.

La ministra ha afirmado que "Alcoa quiere cerrar y dejar sin futuro a la comarca de A Mariña" y ha asegurado que "el Gobierno no lo va a permitir".

La Xunta valora “todas las alteranativas posibles”

El vicepresidente económico y conselleiro de Economía, Empresa e Innovación, Francisco Conde, aseguró esta tarde que la Xunta de Galicia y el Gobierno de España están “trabajando” de forma coordinada en “todas las alternativas posibles” para dar “respuesta” a Alcoa si finalmente se decide a aplicar el ERE que podría dejar en la calle a 534 trabajadores de la planta de aluminio primario de San Cibrao.

En declaraciones a los medios de comunicación, después de la reunión de la Mesa Multilateral por el Futuro de Alcoa, Conde afirmó que esa “respuesta” por parte de la Administración llegará desde el punto de vista “administrativo, laboral y judicial para defender los puestos de trabajo”.

Una vez más, Conde quiso reiterar el “máximo compromiso por parte de la Xunta de Galicia” en relación con el mantenimiento de la actividad productiva en planta de San Cibrao y su disposición a participar en una “respuesta coordinada con el Gobierno de España”.

Esta mañana, antes de la reunión, el conselleiro aseguró que si Alcoa toma la decisión de aplicar el ERE, “automáticamente” se producirá una respuesta de la Administración “por la vía judicial para defender los puestos de trabajo”.

Desde su punto de vista, hay “evidencias suficientes” de la “mala fe de Alcoa durante este proceso”, de modo que, llegados a ese punto, el Gobierno de España y la Xunta de Galicia responderán “de forma coordinada” a esa decisión de la multinacional, por entender que ese ERE podría ser “ilegal”·.

Alcoa ya vendió el año pasado al fondo suizo Parter Capital las plantas que tenía en Avilés y A Coruña, después de un largo proceso que arrancó a finales de 2018 cuando la multinacional estadounidense anunció su intención de cerrar las dos fábricas, que justificó por los altos costes de la electricidad en España, la necesidad de hacer fuertes inversiones en las plantas y la difícil coyuntura en los mercados de aluminio.

Pero Parter Capital no tardó en deshacerse de las dos plantas de Alcoa, que fueron adquiridas por el Grupo Riesgo ya bajo la denominación de Alu Ibérica.

El grupo garantizó en principio el mantenimiento del empleo y anunció una inversión de 250 millones en cinco años en las instalaciones, pero las dudas sobre que Riesgo tenga un plan industrial provocó las protestas de los trabajadores, que han pedido al Gobierno que las intervenga.

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