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Los trabajadores de Alcoa siguen luchando para evitar el cierre de la fábrica

Acordaron hoy en asamblea evitar la salida de aluminio del complejo industrial

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Ramudo

Tiempo de lectura: 4'Actualizado 14:52

Los trabajadores de Alcoa San Cibrao han decidido este mediodía en asamblea, después de que la reunión del comité de empresa con la dirección de la multinacional para aplicar un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) acabase ayer por la noche sin acuerdo, impedir la salida de aluminio del complejo industrial.

Trabajadores de Alcoa y de las empresas auxiliares que prestan servicio en la factoría de San Cibrao la prendían fuego al cartel de entrada al complejo industrial y cortaban primera hora de la mañana los dos principales accesos a la fábrica.

En pocos minutos, el cartel con el logotipo de Alcoa Europe, situado en la entrada al complejo industrial, tanto a la refinería de alúmina como a la planta de aluminio primario, fue devorado por las llamas, ante la atenta mirada de los manifestantes, todos vestidos con su ropa de trabajo.

Durante toda la mañana estuvo cortado el acceso al complejo industrial, y no se le permitió el “paso a nadie”, ni “a los trabajadores de las auxiliares, ni a la gente de turno ni a los camiones”, precisaron a Cope Lugo fuentes del propio comité, hasta la celebración de la asamblea, que tuvo lugar a las 13:00 horas.

En esa asamblea, los trabajadores tomaron la decisión de evitar la salida de aluminio del complejo industrial, aunque se permitirá la entrada de la materia prima necesaria para mantener la actividad productiva en la fábrica.

Además, si no se produce ningún cambio sustantivo en la actual situación, en cuatro días comenzaría una huelga indefinida en la fábrica.

Desde el comité de empresa se insiste en la necesidad de que las dos administraciones implicadas, tanto la Xunta de Galicia como el Gobierno de España, mantengan durante los próximos quince días la “presión” sobre Alcoa para que acceda a vender la factoría.

En caso, de que la multinacional no diese su brazo a torcer, le piden a la Administración que intervenga la planta para evitar la parada de las cubas, garantizar el mantenimiento de la producción y, consecuentemente, de los puestos de trabajo.

Un trabajador del departamento de mantenimiento de la fábrica de aluminio primario, que lleva vinculado al complejo industrial desde 1998, reconocía esta mañana que la situación es “muy tensa”.

Este operario, que estaba participando en las protestas a las puertas del complejo industrial, explicaba que ahora “quien tiene que meter mano es el Gobierno, porque la empresa quiere mandar a los trabajadores a un ERE, parar las cubas y cerrar la fábrica”.

“Ahora veremos si el Gobierno nos tiende la mano o nos abandona, no hay otra”, añadía.

“Son la Xunta y el Gobierno quienes nos tienen que ayudar”, afirmaba otro de sus compañeros, porque “ya hemos quemado todos los cartuchos. No nos quedan muchos más”.

Empresas auxiliares

Los trabajadores de las empresas auxiliares que prestan servicio en el complejo industrial de Alcoa en San Cibrao se sumaban esta mañana se sumaban a los compañeros de plantilla para cortar las dos entradas principales a la fábrica, porque consideran que, al menos de momento, “no hay nada perdido” y la lucha por sus puestos de trabajo debe continuar.

El portavoz de la plataforma que las agrupa, Kike Rocha, le pedía a las administraciones, en concreto al Gobierno de España y a la Xunta de Galicia, que “no abandonen el trabajo hecho durante los últimos días” ni la posibilidad de que, finalmente, la SEPI se haga con la planta de aluminio primario.

Llegados a este punto, espera que Xunta y Ministerio “sigan trabajando unidos” y “presionen a Alcoa para que acceda a vender la planta con todos los medios a su alcance”.

“De momento, no haya nada perdido. Las cubas siguen trabajando y mientras las cubas sigan trabajando, los trabajadores y A Mariña tienen futuro”.

Preocupación máxima en la comarca

Por otra parte, los alcaldes de los dos municipios mariñanos sobre los que asienta el complejo industrial de Alcoa San Cibrao, Cervo y Xove, reconocen que no existe un “plan B” para mantener la actividad económica de la comarca si finalmente se cierra la planta de aluminio primario y se quedan en la calle “unos mil trabajadores”, entre empleados de plantilla y de las empresas auxiliares.

El alcalde de Xove, Demetrio Salgueiro, reconoce abiertamente que ese complejo industrial “ha significado tanto durante los últimos cuarenta años” para la economía local que no existe “ninguna alternativa posible” capaz de paliar el impacto de un posible cierre.

“Estamos hablando de esos mil puestos de trabajo”, dijo el alcalde, pero también de todos los empleos indirectos que crea en la comarca la propia actividad de la fábrica en “el comercio, en la hostelería o en el sector del transporte”.

“No hay plan B. Hay que luchar para que no se paren las cubas, para que la empresa no cierre. Está en juego el futuro de la fábrica, pero también de A Mariña”, añadió Demetrio Salgueiro.

Llegados a este punto, considera que “la única alternativa”, dada la postura de la empresa propietaria, es la “intervención” pública de la planta por parte del Estado.

“No queremos perder la esperanza”, dijo el alcalde de Cervo, Alfonso Villares, “espero que exista una posibilidad, aunque la sensación que da es que esto no se va arreglar”.

Ante un eventual cierre de la planta, Villares asegura que es “un escenario” que ni siquiera se plantea, porque sería “una auténtica catástrofe económica y social” para toda la comarca.

“Es el principal medio de vida”, añadió el regidor local, “por lo que prefiero mantener la esperanza” y confiar en que sea posible “una intervención temporal” de la factoría por parte del Estado, que permita mantener las cubas activas y la fábrica en producción.

Alcoa estuvo "jugando con todos"

El presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, opina que Alcoa “estuvo jugando” con la Administración y con los trabajadores, por lo que “si se empeña en irse, que se vaya”, pero lo que no puede suceder es que “cierre” la planta de San Cibrao y “le salga gratis”, porque tendrá que “devolver todo el dinero -público- que recibió”.

Según Tomé, el tiempo ha terminado por darle “la razón” al gobierno provincial, que siempre dijo que “había que exigirle a Alcoa” y no mirar hacia otros lugares, porque fue la multinacional la que “no cumplió sus compromisos de empleo y de mantenimiento de las instalaciones, a pesar de que recibió muchos fondos públicos”.

El Estado, dijo Tomé, tiene que explorar “todas las posibilidades” para que “la empresa no cierre” y utilizar “todos los mecanismos jurídicos a su alcance” para que Alcoa no se salga en este caso con la suya.

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