Cuatro de los cinco procesados por la Carioca acuerdan penas menores con la Fiscalía de Lugo

Cuatro de los cinco procesados que este martes se sentaron en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial en el juicio por la Operación Carioca, cuya instrucción inició en 2008 la jueza Pilar de Lara para esclarecer la relación de determinados miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado con el mundo de la prostitución en Lugo, han llegado a acuerdos con la Fiscalía a cambio de una rebaja notable en sus penas.

Es el caso de uno de los principales imputados, J.M.G.A. -que en la actualidad cumple condena en prisión por otras causas-, que ha llegado a un acuerdo previo con la Fiscalía, de modo que a cambio de reconocer algunos de los cargos que se le imputan no sumará más años de cárcel y su responsabilidad en este caso quedará cubierta por el pago de "una multa" de 2.000 euros.

Lo confirmó este martes, a las puertas de la Audiencia Provincial de Lugo su abogada, la letrada lucense Fernanda López.

"Hay un acuerdo, al menos en lo que respecta a mi cliente, para evitar que esto continúe. Este procedimiento lleva 16 años de instrucción. Es un ejemplo claro de antijusticia. Había que llegar a un acuerdo para que no se dilate más en el tiempo, para que no haya recursos, para que no haya nada. Es lo que él quiere", precisó.

"Es lo que hemos pactado, de entrada, con la Fiscalía", aclaró, de modo que, de los cinco procesados, "en este juicio sólo se va juzgar la culpabilidad de uno de los imputados".

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Doce años de pena de banquillo

Se trata de un subteniente retirado de la Guardia Civil, que se ha negado ha llegar a ningún tipo de acuerdo con el ministerio público y se ha mostrado dispuesto a defender su honorabilidad hasta el final.

El abogado de J.V., el letrado lucense César Lodos, aseguró antes del inicio de la vista oral que su cliente lleva "condenado doce años a una pena de banquillo", que es "lo más triste que le puede suceder a una persona".

"Venimos a que absuelvan a mi defendido", dijo a los medios de comunicación. "Venimos a defender la verdad. No venimos a mentir. Conformar sería mentir, reconocer algo que mi cliente no ha hecho. Vamos a pedir la libre absolución", apostilló Lodos.

En cuanto a sus argumentos para rechazar un acuerdo que hubiese supuesto solo una multa económica para su defendido, afirmó que en la causa destaca "la falta absoluta de pruebas" contra él. También "la prospección que se hizo en la investigación contra él durante meses".

"Tuvo el teléfono pinchado y no consiguieron nada, porque nada había. Las declaraciones de la testigo, que podía haber sido denunciante y al final no denunció, cambiaron un mil por mil desde la sede policial, en la Guardia Civil, hasta su comparecencia ante la jueza Pilar de Lara", aseguró Lodos.

Además, considera que en el caso de su defendido "no se han cumplido” las necesarias "garantías" procesales.

"Hechos aparentemente ocurridos en el 2005 se los comunican en el 2016. No nos dejan interrogar a la testigo. No lo dejan declarar con conocimiento de lo que había ocurrido aquellos días. Es una indefensión total", precisó.

"Este señor lleva cerca de 700 firmas en el juzgado. Se le ha pedido una fianza de 50.000 euros sin ninguna justificación. Ha sufrido una pena de banquillo, es muy injusto", concluyó.

Críticas a la instrucción: "Se hizo a cañonazos"

Los letrados de la defensa y de la acusación particular coincidieron este martes, antes del inicio del juicio, en criticar la instrucción de la causa iniciada en el año 2008 por la jueza Pilar de Lara.

El letrado que representa a J.M.G. -otro de los procesados que llegó a un acuerdo con el fiscal-, el abogado José López Riopedre, dijo que la instrucción "se hizo a cañonazos a diestro y siniestro, imputando alegremente a un montón de personas, sin tener realmente indicios". De hecho, recordó que la instructora llegó "a abrir diligencias por una pintada en una fachada".

Desde su punto de vista, "la instrucción de este procedimiento es muy didáctica a efectos de que se enseñe en las facultades de derecho lo que no debe ser la Administración de Justicia", porque a su juicio fue "lamentable".

Por su parte, Elena Rodríguez, que ejerce la acusación particular en representación de una de las víctimas, considera que "una instrucción tan larga no ha favorecido a nadie", ni a los acusados ni tampoco a las víctimas.

"Considero que la instrucción ha sido excesivamente larga", dijo a los medios de comunicación antes de entrar en el juicio, porque "las instrucciones han de ser por justicia, tanto para las víctimas como para los acusados, lo más breves posibles".

Para los acusados, precisó, "porque, en el momento de ser declarados culpables, tienen que comenzar con el cumplimiento de las penas, y para las víctimas para que puedan pasar página y puedan rehacer sus vidas de otra manera, para dejar atrás todas estas situaciones tan agradables".

Desde su punto de vista, "las instrucciones largas son muy complicadas. Esta ha sido una instrucción no larga, sino excesivamente larga".

En cuanto a su patrocinada, después de tantos años de instrucción, "quiere pasar página. Olvidar todo esto. Se siente agotada".