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El Consejo General de Secretarios expresa su apoyo a la secretaria de Palas tras la absolución del alcalde

El Consejo General de Secretarios expresa su apoyo a la secretaria de Palas tras la absolución del alcalde

Ramudo

Tiempo de lectura: 2'Actualizado 11:10

Lugo, 18 de enero.- El Consejo General de Colegios Oficiales de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local ha expresado su “total conformidad” con el comunicado que ha emitido el colegio profesional de la provincia de Lugo en el que manifiesta su “apoyo” a la secretaria de Palas de Rei.

Ese comunicado fue emitido el pasado 15 de enero, después de que el Tribunal Supremo absolviese al alcalde, Pablo Taboada, y al ex alcalde Fernando Pensado de los delitos de prevaricación y acoso laboral a la funcionaria, por los que habían sido previamente condenados por la Audiencia Provincial de Lugo.

En ese escrito, ahora ratificado por el Consejo General, el Colegio Oficial de Lugo expresaba su respeto a la sentencia del Supremo, pero también advertía de que, “independientemente de la calificación penal de las conductas”, velará para que “se mantengan las condiciones idóneas para el ejercicio” de las funciones de los habilitados nacionales en las administraciones locales.

Funciones que han de ejercer, recordaba, “sin ningún tipo de presión”, de modo que “gestores públicos y funcionarios” deben “poner los medios para evitar situaciones que pongan en peligro” el ejercicio de su “profesión en servicio de los ciudadanos”.

Además de expresar su “apoyo” de forma expresa a la secretaria de Palas de Rei, también subrayaba que los habilitados nacionales -secretarios, interventores y tesoreros, siempre han actuado “con plena independencia” en el ejercicio “de sus funciones”, y así deben “seguir trabajando”.

De hecho, insistía en que esa “independencia” en ningún caso “puede sentirse violentada por hechos que puedan obstaculizar el correcto ejercicio de las funciones reservadas”.

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En cuanto a la sentencia, sostiene que el Supremo define “el concepto del tipo delictivo de acoso laboral con un carácter muy restrictivo” y, por lo tanto, “muy negativo para todos los empleados públicos ante un fenómeno que, desgraciadamente, no remite en su gravedad”.

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