La Audiencia Provincial de Lugo ha condenado, por cometer un delito de cohecho, a la secretaria-interventora del Ayuntamiento de Barreiros en el año 2007 a pagar una multa de 75.000 euros y a la suspensión de empleo o cargo público durante cuatro meses y quince días.

El tribunal, que ha tenido en cuenta la atenuante de dilaciones indebidas, informan fuentes judiciales, ha considerado acreditado que la acusada cobró 100.000 euros a un promotor de varios edificios de la zona “como contraprestación por determinados favores que ella, en el ejercicio de su cargo, le realizaba”.

La Audiencia también le impuso al constructor el pago de una multa de 35.000 euros, así como sesenta días de suspensión de empleo o cargo público, por cometer un delito de cohecho. En este caso, optó por la tipificación más beneficiosa para él porque desconoce si el pago fue por solicitud de la secretaria u ofrecido por el acusado.

Falsedad en documento público

Además, el tribunal ha condenado por un delito de falsedad en documento público a la persona que en aquella época ejercía como auxiliar administrativa en el Ayuntamiento de Barreiros por realizar una anotación favoreciendo un expediente para la construcción de 51 viviendas.

Los magistrados indican en la sentencia que se desconoce quién le indicó “la conveniencia” de añadir la anotación, algo de lo que acusaban a la secretaria, por lo que la han absuelto del delito de falsedad en documento público que le imputaban.

La auxiliar administrativa ha sido condenada a dieciocho meses de prisión, al pago de una multa de 540 euros y a la inhabilitación para el desempeño de trabajo en cualquier administración pública durante un año.

Los jueces subrayan en la sentencia, contra la que cabe presentar recurso, que el ingreso de los 100.000 euros es “un dato objetivo e irrefutable” y destacan que los investigados no dieron una explicación que justificase ese pago.

Además, indican que en una grabación que consta en la causa, el constructor “no negó en absoluto el pago de dinero a la secretaria, sino que lo que pretendía era el determinar cómo disimular ese pago”.