El comité de empresa de la factoría que la multinacional Alcoa tiene en el municipio lucense de Cervo avisa de que si no existe por parte del Gobierno una solución a la difícil situación que está atravesando la fábrica, y que pasa por una reducción del precio de la energía para los consumidores hiperelectrointensivos, las elecciones gallegas se van a desarrollar “en estado de guerra”.

Así se lo hizo saber a los medios de comunicación el presidente del comité, José Antonio Zan, tras la reunión que mantuvieron hoy en Cervo los representantes de los trabajadores con el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, y el conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde.

“Desde el comité de empresa le hemos solicitado al presidente de la Xunta que se forme un frente común entre las comunidades autónomas de Galicia, Asturias y Cantabria”, dijo José Antonio Zan, “para tratar de solucionar esta grave crisis en la que nos ha metido el proyecto de estatuto que han elaborado los ministerios de Industria y Transición Ecológica”.

A su juicio, ese estatuto ha “puesto en peligro, solo en A Mariña, a más de 8.000 familias” y “sería una auténtica catástrofe si se lleva a cabo”.

En cuanto a las alegaciones al estatuto presentadas por la Xunta de Galicia y las que hoy mismo remitió el propio comité de empresa, subrayó que están “bastante de acuerdo”, porque simplemente se piden unas condiciones similares, por ejemplo, a las que existen “en Francia”.

“No entendemos porque el Gobierno está haciendo caso omiso y no aprueba lo mismo que en el resto de Europa. No somos un país de tercera. Queremos el precio de la energía por debajo de 40 euros el megawatio y lo queremos ya”, dijo el presidente del comité.

“Estado de Guerra”

En ese sentido, quiso recordarles a “todos los que se han comprometido con el comité a trabajar para buscar una solución, que estamos a las puertas de unas elecciones”.

“Si nos declaran la guerra cerrándonos la fábrica, nosotros vamos a actuar como tal. Aquí no va a haber unas elecciones normales. Va a haber unas elecciones en estado de guerra. Sabemos perfectamente lo que nos estamos jugando”, insistió.

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“Este proyecto de estatuto no vale para nada. Lo he dicho por activa y por pasiva. Si llevan un año con este estatuto en el cajón, mejor hubiese sido que lo hubiesen quemado y hubiesen hecho uno nuevo. Es vergonzoso que después de un año nos presenten esta auténtica barbaridad industrial, que es lo que llevan haciendo desde el principio”, zanjó.

“Acta de defunción”

Por su parte, el presidente de la Xunta de Galicia, aseguró que a medida que “van pasando los meses, estamos cada día en una situación más delicada y peligrosa”, de ahí “la inquietud del comité de empresa y de las familias”.

“No solo están las dos mil personas que cobran la nómina de Alcoa”, recordó Feijóo, porque “hay ocho mil familias afectadas por la amenaza de cierre de Alcoa en A Mariña”.

En ese sentido, recordó que en los últimos once años se trabajó para que “Alcoa tuviese un precio de la energía competitivo y hasta el 2018”, se consiguió, “con dificultades”, pero siempre con garantías de “viabilidad”, con tarifas que oscilaban entre 35 y 37 euros por megawatio, cuando ahora está entre “47 y 55 euros”.

“Alcoa así no es viable”, dijo Feijóo, porque la empresa perdió 18 millones en 2018, entre 50 y 60 en 2019 y ha comenzado 2020 con “mayor incertidumbre”.

“Ahora ya tenemos el borrador de las empresas electrointensivas”, recordó, pero “en vez de ser una garantía para que sean viables” las empresas electrointensivas es “una sentencia clara para que vayan cerrando de forma consecutiva”.

A su juicio, “es peor que cualquier proyecto que se pudiese valorar o imaginar”, porque hay “menos dinero” y a repartir entre “más empresas”, dado que los posibles beneficiaros pasan de 119 a 600.

Según Feijóo, las 450 nuevas empresas que podrían beneficiarse de estas ayudas son mayoritariamente “vascas y catalanas”.

“Es un tema muy serio, muy grave. Como gobierno de la Xunta no lo vamos a permitir. Este estatuto es el acta de defunción de las empresas que utilizan la energía como materia prima determinante”, lamentó.

En la misma línea, dijo que “el Gobierno quiere cerrar las centrales térmicas en España, ya lo sabemos. Quiere cerrar As Pontes y Meirama. Ahora quiere cerrar también las empresas electrointensivas. A nosotros nos afecta de forma muy especial”, porque además de Alcoa, que es la principal, hay todo un conjunto de industrias que se verá afectado por estas decisiones.

En cuanto a las alegaciones presentadas por la Xunta dijo que “entran dentro del marco europeo y de la potestad fiscal que tiene España”, además de recordar que la propuesta del gobierno gallego coincide “con la de las centrales sindicales” y se basa en una “política fiscal que grave con menos impuestos la energía que consumen las empresas hipereletrointensivas”.

“Son medidas que se aplican en Francia, en Alemania y que veníamos aplicando en Galicia antes de este Gobierno”, insistió.