La Audiencia absuelve al único acusado en la Operación Carioca que no llegó a pactar con Fiscalía

La Audiencia Provincial de Lugo ha absuelto al único investigado en la pieza principal de la Operación Carioca -una investigación que puso en marcha la jueza Pilar de Lara para desmantelar una supuesta trama de prostitución en la que se vieron implicados varios agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado- que se negó a llegar a un acuerdo con la Fiscalía para evitar ir a juicio.

Se trata de un subteniente de la Guardia Civil que fue juzgado por un delito de omisión de perseguir delitos en relación con un supuesto matrimonio concertado, así como por un delito de solicitud de favores sexuales, en concurso con un delito de abuso sexual.

El abogado que se hizo cargo de su defensa, César Lodos, aseguró que su cliente se negó a llegar a un acuerdo con el ministerio fiscal porque eso hubiese sido "mentir", dado que tendria que reconocer que había cometido una serie de los hechos de los cuales era "inocente".

De hecho, a su juicio quedó perfectamente demostrado en la vista oral que no había "ningún delito en su comportamiento". Además, el abogado recordó, con respecto a la situación de su cliente, que la jueza pudo haber “abierto una pieza separada”, porque los hechos por los que fue juzgado en la Audiencia Provincial, en realidad, "nada tenían "que ver con la trama de la Carioca”.

Recordó que fue investigado por “omisión del deber de perseguir delitos”, en relación con un “supuesto matrimonio fraudulento” y por una “supuesta solicitud de favores sexuales que, en ningún caso, ha quedado acreditada”. Ambos hechos, insistió, “nada tienen que ver, en absoluto, con la trama de la Carioca”.

CONDENADO EL PRINCIPAL INVESTIGADO

Sin embargo, la Audiencia Provincial de Lugo ha condenado al principal investigado en la pieza central de la Operación Carioca, un exguardia civil que ejerció entre 2005 y 2009 como cabo en el Equipo de Mujer-Menor (EMUME) de la Benemérita, a cinco años y nueve meses de cárcel y al pago de una multa de 7.408 euros.

Además, lo inhabilita para el ejercicio de empleo o cargo público durante cinco años y once meses.

El tribunal lo ha considerado autor de un delito continuado de cohecho, un delito de agresión sexual, un delito continuado de cohecho propio activo, un delito continuado de revelación de secretos.

También lo juzga culpable de un delito continuado de omisión de perseguir delitos, en concurso con tres delitos de favorecimiento de la prostitución, y de un delito de extorsión, concurriendo las circunstancias atenuantes de dilaciones indebidas y de reparación del daño.

El tribunal relata en la sentencia que el procesado “participaba en inspecciones periódicas y controles en clubs de alterne o establecimientos análogos de la provincia de Lugo”, durante las cuales estaba obligado a examinar la documentación del personal, para comprobar si estaba de acuerdo con lo dispuesto en la normativa que regula la estancia legal de personal extranjero en España.

La Sala subraya que, en caso de que hubiese personas en situación irregular, “estaba obligado a transmitir dicha información a la Brigada Provincial de Extranjería de la Policía Nacional”.

Los magistrados aseguran que, en el ejercicio de estas atribuciones, el condenado, “con ánimo de satisfacer sus instintos sexuales y abusando de su condición de guardia civil”, entabló relación con mujeres extranjeras que se hallaban en situación irregular en España, “a las cuales se insinuaba o a las que, directamente, les solicitaba mantener relaciones sexuales”.

A cambio, les ofrecía “su ayuda en diferentes ámbitos y, especialmente, para la regularización de su situación irregular en España o silenciar o alterar los datos que podrían determinar la apertura de un expediente de expulsión”. El tribunal sostiene que llegó a agredir sexualmente a una de las víctimas.

LOS PROPIETARIOS DE CLUBES LE PAGABAN

La Audiencia Provincial, además, ha condenado a los otros tres procesados -dueños de clubs de alterne-, quienes alcanzaron acuerdos de conformidad con la Fiscalía, como autores de un delito de cohecho pasivo, a penas de multa de 2.000 euros -a dos de ellos- y 1.000 euros -a uno de ellos-.

Los dueños y encargados de los clubs, sostiene la sentencia, “entre 2003 y 2009 desarrollaron una estrategia dirigida a beneficiarlo económicamente -a principal investigado-, mediante pagos directos y otros beneficios, tales como servicios de bar”

Pretendían así “evitar el perjuicio derivado de los controles e inspecciones policiales de extranjería, que provocaban pérdidas económicas, deterioro de la imagen del club, repercusión en la clientela e interrupción en la actividad del club con detenciones de mujeres que, en algunos casos, eran expulsadas debido a su situación irregular”.