Lugo, 23 de abril.- El abogado que se ha hecho cargo de la defensa de la jueza Pilar de Lara en el proceso abierto por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Agustín Azparren, asegura que los argumentos empleados por el promotor de la acción disciplinaria para sancionar a la magistrada no “encajan en el concepto de desatención” que se le imputa.

La sanción impuesta contempla una suspensión de siete meses y un día, lo que supondría en la práctica apartar a la magistrada del Juzgado de Instrucción Número 1 de Lugo, del que es la jueza titular.

A mediados de mayo, vence el plazo para presentar recurso contra esa decisión de la comisión disciplinaria ante el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, de modo que su abogado sigue revisando los “argumentos” empleados para justificar la sanción, pero a su juicio “siguen siendo los mismos” y se centran en una supuesta “desatención” de la jueza a las causas que está instruyendo.

Ese tipo de argumentos se emplean para sancionar a “jueces que actúan con desidia o con dejadez”, que “rinden poco en el trabajo”, de modo que “con su comportamiento provocan retrasos injustificados”, precisó el letrado, quien también aclaró que esa situación no se produce en el caso de Pilar de Lara.

“Todo el mundo que conoce profesionalmente a Pilar de Lara sabe que es, precisamente, todo lo contrario. Es muy trabajadora. Trabaja muchas horas y, además, rinde mucho en el trabajo”, dijo su abogado, de modo que la “vía disciplinaria no es la adecuada”, en este caso, para “corregir incorrecciones en la instrucción de las causas”, si las hubiese.

Desde su punto de vista, “lo que se está discutiendo es la forma de instruir” de la propia jueza, pero eso es algo que “no se puede corregir por vía disciplinaria”, porque se cuestiona “la actividad” de la propia magistrada “en su ámbito jurisdiccional”.

Para “corregir” aspectos relativos a la forma de instruir, recordó el letrado, las partes tienen la “posibilidad de recurrir” ante la Audiencia Provincial para que se pronuncie.

Por su parte, De Lara tiene posibilidad de recurrir su sanción ante el Pleno del Consejo General del Poder Judicial y, en caso de que la resolución no fuese favorable para sus intereses, aún podría apelar al Tribunal Supremo.