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El que fuera inspector jefe de la Brigada de Extranjería de Lugo será juzgado por falsedad documental

El fiscal pide para él nueve años de cárcel y 36.000 euros de multa por tramitar prórrogas de estancia en España para dos ciudadanas brasileñas

El juicio comienza este martes en la Audiencia Provincial

El juicio comenzará este martes en la Audiencia Provincial de Lugo

Ramudo

Lugo

Tiempo de lectura: 2'Actualizado 13:56

El que fuera inspector jefe de la Brigada de Extranjería de Lugo se sentará a partir de mañana en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial para responder por dos delitos de falsedad documental, concretamente por tramitar las prórrogas de estancia en España de dos ciudadanas brasileñas, en los años 2006 y 2009, con información supuestamente “falsa”.

Además del inspector jefe, también será juzgado en la Audiencia un funcionario adscrito a la misma brigada, que también ejercía como abogado, en su caso por los delitos de negociaciones prohibidas a funcionarios y uso de secretos o información privilegiada.

El juicio comenzará este martes -día 13 de julio- y el fiscal pide para el fuera inspector jefe nueve años de cárcel -cuatro y medio por cada uno de los delitos-, una multa de 36.000 euros y su inhabilitación para ejercer como cargo público durante siete años.

En cuanto al funcionario, pide una multa de 27.000 euros y su inhabilitación para empleo o cargo público por un tiempo de dos años por el delito de negociaciones prohibidas; y otros tres años de inhabilitación por el uso de información privilegiada.

El ministerio fiscal reconoce la atenuante de dilaciones indebidas.

Los hechos

Con respecto al inspector jefe, el fiscal considera que “consciente de la falta de aportación de cualquier clase de documentación acreditativa y sin llevar a cabo ningún tipo de comprobación”, faltó “deliberadamente a la verdad” a la hora de tramitar los correspondientes informes.

En cuanto al otro acusado, sostiene “que al margen de su actuación como funcionario adscrito a la Brigada”, ejerció “como abogado particular en la misma localidad de Lugo”, al menos hasta finales de 2009, “asesorando profesionalmente en tal condición a diversas personas en materia de extranjería y sobre asuntos que eran objetivo de tramitación en las mismas dependencias policiales”.

Según el fiscal, llegó en ocasiones “a captar o a intentar captar como clientes en dichas instalaciones públicas a diversas personas que acudían a las mismas”, ofreciéndose “como abogado o, incluso, invitándolas a cambiar el que tenían por él mismo”.


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