El gobierno local de Lugo ha informado de que no recurriá en casación la sentencia que obliga a la administración local a indemnizar a la empresa concesionaria de la Fábrica de Luz, de modo que podría pagarle a la compañía Inca hasta 2,3 millones de euros, en virtud de un acuerdo con esa sociedad que le permitirá ahorrarse una parte de los intereses de demora.

Según ha informado el propio gobierno local, gracias a ese acuerdo con la empresa, se reduce la cuantía a pagar por los intereses y el abono de los primeros 1,7 millones de euros a Inca en concepto de indemnización, por las obras realizadas en la Fábrica de Luz y el beneficio que ya no podrá obtener al caducar el permiso para la explotación eléctrica de las instalaciones, se realizarán en dos plazos.

La sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) declaró resuelto el contrato entre el Ayuntamiento y la empresa concesionaria para recuperación de la minicentral eléctrica y su posterior explotación para la producción de energía, una obra contratada en 2008, que está paralizada desde el año 2015.

La decisión se sustenta, según ha informado el propio gobierno local, en un informe de la Asesoría Jurídica municipal, en el que se advierte de que la posibilidad de que prosperase un “eventual recurso de casación ante el Supremo” es “muy escasa”.

Por ese motivo, “y con ánimo de minorar los costes económicos para el Ayuntamiento, el gobierno local procederá a ejecutar la sentencia y, con ese fin, cerró con la empresa adjudicataria”, un “acuerdo transaccional en el que solo pagará los intereses desde la notificación de la sentencia hasta la firma del citado acuerdo”.

El primer pago, de 150.000 euros, se realizará en un plazo máximo de diez días naturales tras la firma del acuerdo y el segundo, de 1,5 millones, antes del 1 de junio de este año.

Quedaría pendiente, según ha informado el Ayuntamiento de Lugo, un “tercer pago de 724.090 euros”, pero queda condicionado a que Inca le entregue al Ayuntamiento “todos esos materiales a los que se refieren las facturas correspondientes” emitidas por la empresa, acompañadas de la “documentación pertinente”, incluidos los “certificados o documentos acreditativos de las garantías legales”.

Si se cumplen esos requisitos, previa verificación por parte de los servicios técnicos municipales, el tercer abono se realizará antes del 1 de marzo de 2022.