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El Ayuntamiento inicia un nuevo expediente contra la Xunta que obliga a destapar otro escudo franquista

El Ayuntamiento inicia un nuevo expediente contra la Xunta que obligará a destapar otro escudo franquista

Ramudo

Tiempo de lectura: 2'Actualizado 12:28

Lugo, 07 de febrero.- El Ayuntamiento de Lugo le ha comunicado a la Xunta de Galicia mediante una providencia la incoación de un expediente de reposición de la legalidad urbanística que obligará al gobierno gallego a destapar el escudo franquista que preside la fachada del Instituto Nosa Señora dos Ollos Grandes, en la Avenida de Ramón Ferreiro.

Se da la circunstancia de que este nuevo expediente es el segundo que ha incoado el Ayuntamiento de Lugo, dado que tiene abierto otro similar por las obras que realizó la Xunta de Galicia en el Instituto Lucus Augusti -decano de los centros de secundaria en esta comunidad autónoma- para cubrir el escudo que presidía su fachada.

En esta ocasión, el Ayuntamiento de Lugo argumenta que la Xunta de Galicia carecía de “título habilitante” para la realización de esas obras, que consistieron en la colocación de dos cajones sobre las puertas de entrada para tapar el escudo franquista que preside la entrada al centro.

En la providencia enviada a la Xunta de Galicia, el servicio de Disciplina Urbanística -que depende de la Concellería de Urbanismo- aclara que esa actuación ha provocado una “modificación de dicha fachada”, dado que los cajones colocados para tapar el símbolo franquista sobresalen hacia fuera.

Recuerda, además, que las obras en inmuebles catalogados por sus singularidades, como es el caso de la sede del Instituto Nosa Señora dos Ollos Grandes, están sujetas a la obtención de licencia municipal, pero en este caso solo consta en el Ayuntamiento una comunicación de obras presentada por la empresa que realizó los trabajos, los cuales, por otra parte, “no coinciden” con los que “efectivamente fueron ejecutados”.

En el documento remitido a la administración autonómica, la entidad local advierte de que este expediente de reposición de la legalidad se pone en marcha porque las “obras son ilegalizables”, además de aclarar que se hace “sin perjuicio del oportuno expediente sancionador”.