El grupo municipal del Partido Popular ha acusado al BNG de fraccionar los contratos para la Cabalgata de Reis de Lugo, con la finalidad de dárselos “a dedo a empresas afines”, que ni siquiera se “dedican a la organización de este tipo de actividades”.

Lo denunciaban hoy en rueda de prensa el portavoz y el viceportavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Lugo, Ramón Carballo y Antonio Ameijide, respectivamente, quienes consideran que se “está tejiendo una trama para pagar a firmas vinculadas a la ideología nacionalista”.

Según los populares, los nacionalistas intentaron “sin éxito, pagar de golpe 59.919 euros por la cabalgata estática, pero como los informes técnicos frenaron ese chanchullo, recurrieron a dividir ilegalmente ese pago en siete contratos de menor cuantía, que sumaban 61.695 euros”.

El bipartito, indicaron los ediles populares, “contrató ese montaje, de forma discrecional, a dos firmas de Lalín y Cerceda, que curiosamente hacen trabajos conjuntos y se publicitan mutuamente en sus respectivas páginas web”.

Dos empresas, añadieron, que “no se dedican a esas cuestiones”.

Además, “para el montaje de los escenarios también se contrató a un pintor de Lalín, sin contar con los profesionales lucenses”.

“Este modus operanti ya se está convirtiendo en algo habitual y supone un ataque a la pluralidad de la cultura local y gallega”, añadieron.

Se trata, dijo Carballo, de “una práctica abusiva del bipartito, con la que se evita la obligación de publicitar los contratos y así darle la oportunidad de presentarse a más empresas, incumpliendo la ley de contratos del sector público”.

Además, acusó a la alcaldesa, la socialista Lara Méndez, de “complice y responsable” última de esta situación, “bien por conocerla y admitirla o bien por desconocimiento”.

Por su parte, la responsable municipal de Cultura, la edil nacionalista Maite Ferreiro, dijo que el Partido Popular no fue capaz de encontrar “defectos” a la programación y tuvo que “inventarse cuentos”.

Asegura que “todas las contrataciones realizadas por el Ayuntamiento de Lugo, y en concreto por el Área de Cultura, siguen la más estricta legalidad y pasan por todos los procesos de fiscalización pertinentes marcados por la legislación en vigor”.