El Gobierno ha ordenado crear un equipo de trabajo para proceder a la devolución de todas las multas que se impusieron a los ciudadanos durante el primer estado de alarma por la COVID-19 y anular los expedientes que seguían siendo tramitados por la administración, según han informado fuentes del Ministerio de Política Territorial.

Tras el fallo del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucional el primer estado de alarma --y tiene que decir sobre el segundo--, el Ejecutivo ha creado equipos de trabajo con todas las subdelegaciones y delegaciones del Gobierno, participando también la Agencia Tributaria, la Delegación de Economía, el Tesoro Público y Política Territorial.

Con el asesoramiento de equipos informáticos, el Gobierno procederá a la devolución "de oficio" de la cantidad que se cobró en las sanciones impuestas en cumplimiento del estado de alarma. Para ello, se habilitará un mecanismo para que los ciudadanos consignen una cuenta bancaria desde la que poder llevar a cabo la transacción.

En el equipo participan las subdelegaciones y delegaciones del Gobierno de todas las comunidades autónomas excepto Cataluña y País Vasco, que tienen la competencia en esta materia transferida.

El estado de alarma declarado por el Real Decreto de 14 de marzo de 2020 habilitó a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, policías autonómicas y locales para sancionar a los ciudadanos que no cumplieran con el confinamiento domiciliario, pero el pasado mes de julio el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional esta medida.